Por unanimidad, el Congreso de Yucatán aprobó la reforma al artículo primero de la Constitución estatal que elimina la protección de la vida desde la fecundación, con lo que se armoniza la legislación local con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La modificación fue avalada luego de que las y los legisladores fueran sancionados por incumplir la sentencia del máximo tribunal del país, que consideró inconstitucional dicha disposición.
Con el cambio, la Constitución estatal reconoce y garantiza el derecho a la vida de toda persona, en apego a los derechos humanos contemplados en la Constitución federal y en los tratados internacionales suscritos por México, dejando atrás la redacción que criminalizaba a mujeres que decidían interrumpir su embarazo.
La votación se realizó sin posicionamientos por parte de las distintas fuerzas políticas y contó con el respaldo de todas las bancadas. Previamente, cada integrante del Congreso local fue multado con más de 26 mil pesos por desacatar la resolución judicial.
Yucatán se convirtió en la primera entidad del país cuyo Congreso recibió sanciones económicas por no cumplir una sentencia relacionada con la despenalización del aborto. El retraso en la aprobación estuvo marcado por la oposición de algunos sectores que argumentaban motivos éticos para mantener la legislación anterior.
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