No es un tema nuevo ni una discusión ausente dentro de los propios gremios profesionales. De distintas maneras, durante años se ha hablado sobre los límites, alcances y riesgos de la participación pública de los organismos colegiados. Quizá precisamente por esa complejidad, muchas veces la conversación permanece en el ámbito interno y rara vez se convierte en una postura institucional sostenida.
La participación de los organismos gremiales frente a los retos actuales de la infraestructura y el desarrollo urbano en Tabasco es un tema que, por distintas razones, ha permanecido en una zona de cautela institucional. Sin embargo, las condiciones actuales obligan a revisar esa postura con mayor seriedad.
En los últimos años, el estado ha experimentado diversos programas de obra pública e infraestructura cuyos resultados han abierto cuestionamientos técnicos relevantes: proyectos con desempeño operativo limitado, soluciones costosas de mantener o intervenciones cuya integración urbana resulta insuficiente frente a las necesidades reales de la población. El fenómeno no es exclusivo de una administración ni de un periodo específico. Más bien parece responder a una forma de tomar decisiones donde, con frecuencia, la urgencia política termina desplazando a la evaluación técnica.
Lo importante aquí no es únicamente la existencia de errores o deficiencias —inevitables en cualquier proceso complejo—, sino la limitada presencia de posicionamientos técnicos estructurados, públicos y sostenidos por parte de los colegios y organismos profesionales.
En Tabasco existen profesionistas con experiencia, capacidad y conocimiento suficiente para participar de manera seria en la discusión sobre ciudad, infraestructura y desarrollo territorial. Sin embargo, esa capacidad suele permanecer dispersa o confinada al ámbito privado del ejercicio profesional. Cuando aparece en el espacio público, generalmente ocurre de forma individual y no como parte de una agenda técnica articulada desde los organismos gremiales.
También existe una percepción extendida de que una postura técnica crítica puede interpretarse como confrontación política, particularmente en contextos donde la relación entre gobierno, inversión pública y ejercicio profesional se encuentra estrechamente vinculada. Esa percepción, independientemente de si es correcta o no, termina condicionando la participación institucional y reduciendo el margen de discusión pública.
Esto conduce a una pregunta inevitable: ¿cuál debe ser hoy el papel de los colegios y organizaciones profesionales?
Tradicionalmente, estos organismos han orientado su actividad hacia la representación de sus agremiados, la actualización profesional y la defensa de intereses comunes. Esa función sigue siendo válida y necesaria. Pero el contexto contemporáneo exige ampliar la perspectiva. La responsabilidad gremial no se limita únicamente a lo interno. También existe una responsabilidad hacia la profesión y hacia la ciudadanía, que es finalmente quien habita, usa y sostiene los espacios que se diseñan y construyen.
El punto de fondo no es político en el sentido partidista. De hecho, reducir esta discusión a una confrontación política sería simplificarla demasiado. El problema aparece cuando la técnica deja de ocupar un lugar relevante dentro de la toma de decisiones públicas y se convierte únicamente en un elemento de validación posterior.
Cuando eso ocurre, las prioridades cambian. Los proyectos empiezan a responder más a calendarios administrativos, narrativas inmediatas o necesidades coyunturales que a criterios de desempeño, durabilidad, mantenimiento o impacto urbano de largo plazo. Y aunque muchas obras logran cumplir formalmente con sus objetivos, no siempre alcanzan el nivel de calidad o eficiencia que la inversión pública exige.
Los acontecimientos recientes relacionados con infraestructura pública en el estado —y las consecuencias humanas y económicas que pueden derivarse de fallas, omisiones o revisiones insuficientes— evidencian la necesidad de fortalecer no solo los procesos técnicos, sino también la capacidad institucional para señalar riesgos, exigir claridad y promover mecanismos efectivos de responsabilidad.
Porque cuando las responsabilidades técnicas se diluyen, el riesgo no desaparece: simplemente queda pospuesto hasta el siguiente incidente.
Por ello, el reto no consiste en desplazar la política de la administración pública —algo imposible e incluso indeseable—, sino en recuperar el equilibrio entre decisión política y criterio técnico. Y en ese punto, los organismos gremiales poseen una posición particularmente relevante.
Su capacidad de incidencia no debería depender exclusivamente de momentos de crisis o desacuerdo. La participación técnica organizada tendría que formar parte permanente de la conversación pública sobre ciudad, infraestructura y desarrollo. No desde la confrontación, sino desde la construcción de argumentos verificables, propuestas viables y observaciones técnicamente sustentadas.
Esto implica también replantear la forma en que los propios organismos entienden su presencia pública. Participar no significa únicamente emitir opiniones ocasionales. Significa construir mecanismos de seguimiento, análisis y posicionamiento capaces de aportar continuidad institucional a los temas relevantes del estado.
La elaboración de documentos técnicos, la integración de grupos de análisis especializados, la interlocución con autoridades y la generación de criterios compartidos entre distintos sectores profesionales son algunas de las herramientas posibles. Ninguna de ellas produce resultados inmediatos, pero todas contribuyen a fortalecer la presencia técnica en la toma de decisiones públicas.
El “cómo” es probablemente la parte más compleja del planteamiento, porque requiere ser consensado y aplicado en unidad. Y esa unidad no debe entenderse como unanimidad absoluta ni como ausencia de diferencias internas. Un gremio saludable necesariamente contiene posturas distintas. La verdadera unidad aparece cuando existe capacidad de construir objetivos comunes por encima de intereses momentáneos o visiones fragmentadas.
También resulta indispensable mejorar la manera en que los argumentos técnicos se comunican hacia la sociedad. Con frecuencia, muchos debates relevantes permanecen encerrados en un lenguaje excesivamente especializado o limitado al ámbito interno de los profesionistas. Sin embargo, los temas relacionados con infraestructura, movilidad, planeación urbana o calidad del espacio público afectan directamente la vida cotidiana de las personas. Traducir esas discusiones en criterios comprensibles no es un ejercicio de simplificación; es parte de la responsabilidad pública del conocimiento técnico.
La participación en la discusión pública es parte del acuerdo implícito al hacer ciudad. No como una obligación ideológica ni como un ejercicio de confrontación, sino como consecuencia natural de la responsabilidad profesional.
Nada de esto es sencillo. Requiere tiempo, voluntad y una revisión crítica de las propias dinámicas gremiales. También exige reconocer que la incidencia pública no se construye únicamente desde la crítica, sino desde la consistencia, la preparación técnica y la presencia sostenida.
El primer paso es aceptar que existe un reto importante en la relación entre técnica, representación gremial y espacio público. El siguiente consiste en entender que la capacidad técnica organizada puede —y probablemente debe— asumir un papel más activo en la construcción de criterios para el desarrollo del estado.
Hoy, el que no ocupa el espacio en la discusión pública, deja que otro lo ocupe y defina el criterio.
Por: Arq Rudy Lara Álvarez
Director General de LARARQ SC. Arquitecto titulado por la UNAM. Miembro del Colegio de arquitectos de Tabasco. Especialista en diseño arquitectónico. Ha sido servidor público a nivel federal y estatal. Ha sido docente y conferencistas en varias universidades. Ha recibido premios dentro y fuera del país.
