Hay una pregunta que pocas veces se formula con claridad: ¿puede el ciudadano decidir cómo crece su ciudad?
No opinar. No sugerir. No llenar un formato de consulta que nadie leerá después. Decidir.
La respuesta es sí. Y el instrumento existe.
Se llama referéndum. O consulta popular vinculante. Los nombres varían según el marco legal, pero la lógica es la misma: someter una decisión de interés colectivo al voto directo de quienes van a vivir con sus consecuencias. No como cortesía democrática, sino como obligación. El resultado no es una recomendación; es un mandato.
En materia urbana, ese instrumento tiene un potencial que rara vez se discute: obras de infraestructura mayor, modelos de desarrollo, usos del suelo, proyectos que transforman de manera irreversible el tejido de una ciudad. Decisiones que hoy se toman en salas cerradas, con criterios que el ciudadano no conoce y bajo presiones que no siempre coinciden con el interés colectivo.
El referéndum propone algo distinto: que esas decisiones pasen por quienes las van a habitar.
Hasta ahí, la herramienta parece impecable.
Pero tiene un filo que conviene mirar de frente.
El mismo mecanismo diseñado para ampliar la participación puede convertirse en su simulación más eficaz. Y no porque el instrumento sea defectuoso, sino porque su eficacia depende de condiciones que no siempre se cumplen, y que no siempre se busca que se cumplan.
La primera condición es la información. Votar sobre una obra de infraestructura, sobre un modelo de crecimiento urbano o sobre el uso de un territorio requiere entender qué se está decidiendo realmente. No el nombre del proyecto ni su imagen en un cartel. Sus implicaciones: qué resuelve, qué genera, a quién beneficia, a quién afecta, qué alternativas existen y por qué se descartaron.
Sin esa información, el voto es un gesto vacío. Legítimo en la forma, hueco en el fondo.
Y ahí aparece el filo: quien convoca el referéndum también controla, en gran medida, cómo se presenta la pregunta, qué información circula antes de la votación y en qué contexto se instala la discusión. Un referéndum bien administrado puede genuinamente abrir la decisión. Uno mal administrado —o deliberadamente diseñado para validar lo ya decidido— produce exactamente lo que esta columna ha descrito antes: participación sin incidencia, voz sin poder, consenso fabricado.
Esto no es especulación. Ha ocurrido. Ocurre. Y seguirá ocurriendo mientras el ciudadano no entienda la diferencia entre una consulta que busca su criterio y una que busca su validación.
Reconocer ese riesgo no es un argumento contra el referéndum. Es el argumento para exigirlo mejor.
Porque la alternativa no es renunciar al instrumento sino entender cómo funciona para no ser usado por él. El ciudadano que conoce la herramienta puede exigir que se use. Puede exigir también las condiciones que la hacen genuina: información accesible, plazos razonables, preguntas claras, proceso verificable.
Puede, incluso, identificar cuándo la convocatoria es real y cuándo es teatro.
Esa capacidad no se adquiere estudiando derecho constitucional. Se adquiere desarrollando criterio desde la experiencia cotidiana, aprendiendo a leer el espacio y las decisiones que lo producen, dejando de aceptar como inevitable lo que es simplemente el resultado de elecciones que alguien más hizo.
Hay algo más que conviene decir, aunque incómodo.
Las decisiones que transforman una ciudad no las toma únicamente quien gana una elección. Las toman también quienes asesoran, quienes proyectan, quienes tienen el conocimiento técnico para anticipar consecuencias que el ojo no entrenado no puede ver. Ingenieros, arquitectos, urbanistas, especialistas en movilidad, en agua, en territorio.
Cuando ese conocimiento está ausente de la decisión —o presente pero ignorado— el resultado suele ser el mismo: obras que resuelven un problema y generan tres, infraestructura que funciona en el papel y falla en el uso, proyectos que responden más a una coyuntura que a una necesidad real.
El ciudadano no tiene por qué dominar esos campos. Pero sí tiene derecho a saber si ese conocimiento estuvo en la sala antes de que la decisión se tomara. Y tiene derecho a exigir que esté.
Un referéndum sin esa base técnica no fortalece necesariamente la decisión democrática: puede terminar trasladando al ciudadano una responsabilidad para la que nunca recibió información suficiente.
La ciudad no es un objeto que alguien diseña y los demás habitan. Es un acuerdo que se renueva todos los días, en cada decisión grande y pequeña sobre cómo usamos, transformamos y compartimos el espacio común.
El referéndum urbano es uno de los pocos momentos en que ese acuerdo puede volverse explícito, vinculante y colectivo en el sentido más literal.
Vale la pena conocerlo.
Vale la pena exigirlo.
Y vale la pena, sobre todo, no dejarse convencer de que votar es suficiente cuando lo que se está firmando es la validación de algo que ya estaba decidido.
La diferencia entre esos dos actos —decidir y validar— no es técnica.
Es la diferencia entre habitar una ciudad y simplemente vivir en ella.
Por: Rudy Lara
