La revocación de mandato se tornó una realidad en México con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. No obstante, es importante mencionar que, antes de 2018, algunas entidades federativas buscaron regularla sin éxito. Ello, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que dicha institución no tenía base en la Constitución Federal y declaró la invalidez de las normas estatales que contemplaron este mecanismo de participación ciudadana.
El escenario hoy es distinto. Cada titular de los Poderes Ejecutivos estatales puede ser sometido a revocación de mandato si se dan los supuestos necesarios. Ese fue el caso de Oaxaca. Por primera vez en nuestra historia, un gobernador se sujetó a una evaluación de su gestión durante la misma.
El 25 de enero, la ciudadanía oaxaqueña tuvo una cita con las urnas. Se instalaron 2,812 casillas. Participó el 29.90% de la lista nominal. Se contaron 935,500 votos. De ese universo, 550,274 decidieron que Salomón Jara siga en la gubernatura. Mientras que 357,025 personas pidieron la terminación anticipada de su mandato por pérdida de la confianza. Un 58.82% contra un 38.16%.
Los números son importantes porque la revocación de mandato se introdujo como mecanismo para que la población pueda tener una voz más activa en los rumbos de los gobiernos federal y estatales. Durante la discusión de la reforma constitucional mucho se dijo de empoderar al pueblo. En el caso de Oaxaca se habló. Se apostó por la continuidad, pero no puede ignorarse que más de 350 mil personas le dijeron al gobernador que no confían en su gestión.
Entre primer y segundo lugar hay un 20% de diferencia. El mensaje enviado por la sociedad oaxaqueña, sobre todo aquella que habita en la capital, debe leerse por las personas interesadas en el quehacer político. Esa es una de las finalidades de los mecanismos de democracia directa. Que se escuche al pueblo.
¿Qué lecciones nos deja Oaxaca? Lo primero es, sin duda, que las autoridades electorales locales siguen demostrando su valor y la necesidad de su continuidad.
Con tan solo 35 días, un presupuesto limitado, personal reducido y tiempos ajustados para la difusión, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca sacó adelante un ejercicio sin precedentes a nivel estatal. Los llamados OPLE conocen su labor y la hacen muy bien pese a los contratiempos y las descalificaciones.
Lo anterior también nos permite dimensionar lo importante que es garantizar la autonomía presupuestal de los órganos electorales. Blindar a sus titulares del asedio político y reconocer que las prácticas que fortalecen la democracia vienen desde las autoridades estatales.
Por supuesto que no todo fue perfecto, pero es necesario hacer un análisis de las áreas de oportunidad. La regulación secundaria, por ejemplo. Identificar qué corresponde a los OPLE hacer y en qué están quedando a deber los poderes ejecutivo y legislativo al momento de involucrarse en la organización de los procesos de participación ciudadana.
Lo segundo que debemos tener en cuenta es que la ciudadanía está dispuesta a participar. Mucha de la crítica que se hace a este tipo de ejercicios es que son empleados como un mecanismo para mandar un mensaje político de fortaleza. Que hay una operación política y los resultados están siempre viciados.
La propuesta que traigo es otra. Es momento de dejar atrás esa descalificación paternalista. Hacer a un lado la idea que si el votante no es movilizado por la estructura de partido no sale a sufragar. Necesitamos pasar a la construcción de una ciudadanía informada. Esto último es una tarea compleja. Eso no puede obviarse.
Si queremos que ejercicios como la revocación de mandato en Oaxaca se repitan con éxito en otras entidades federativas es importante pasar del discurso pesimista a una acción que fomente y consolide la participación ciudadana. Sin importar el resultado, lo que debe interesar es que las personas salgan a emitir su opinión informadas y lo hagan confiando en que las autoridades electorales cumplirán su labor de organizar procesos íntegros.
Eso me lleva a lo tercero, vinculado con los dos puntos anteriores. De cara a la reforma electoral que estamos próximos a discutir, la organización y ejecución de elecciones o mecanismos de democracia directa necesita ajustes. Estos deben verse a la luz de qué sí y qué no funciona en los procesos ya celebrados. Desde porcentajes mínimos participación para la validez hasta la distribución de tareas y las garantías de integridad electoral.
Que Oaxaca sea una muestra de lo que puede lograrse cuando confluyen autoridades dispuestas a hacer su trabajo sin importar los contratiempos con una población deseosa de un rol activo en la construcción de la democracia.
Por: Santiago Chablé
