El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este viernes que la Justicia archivó una denuncia presentada por el excandidato presidencial y líder ambiental indígena Yaku Pérez, quien en agosto lo acusó a él, a su esposa, Lavinia Valbonesi; y a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM), a cargo del proyecto minero Loma Larga, por presunto tráfico de influencias y cohecho.
«Los argumentos son claros: la acusación carecía de sustento legal y de cualquier prueba que la respalde. La jueza calificó la demanda como temeraria», dijo Noboa en un comunicado publicado esta noche en su cuenta de la red social X.
«La resolución judicial demuestra que la denuncia no solo fue infundada, sino que tuvo la clara intención de dañar mi honra y la de mi familia», agregó el mandatario.
Según Pérez, la empresa canadiense habría supuestamente obtenido en junio de este año la licencia ambiental para desarrollar el proyecto en la sureña provincia andina de Azuay mediante «un fraude», después de presuntamente haber entregado donaciones a Valbonesi, que tiene una fundación para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.
El activista también aseguró que, antes de que el Gobierno otorgue esa licencia, hubo en Toronto (Canadá) «sendas reuniones» entre la empresa y el presidente Noboa.
«En consecuencia, tanto el señor presidente Noboa, su esposa, Lavinia Valbonesi, y la empresa Dundee Precious Metals incurrieron en los delitos de tráfico de influencias, conflicto de intereses, cohecho, entre otros delitos concurrentes», señaló Pérez cuando llegó el 26 de agosto hasta la Fiscalía General, en Quito, para presentar la denuncia en representación de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA).
Semanas después se realizó en Cuenca, la capital de Azuay, una masiva manifestación en contra del proyecto minero Loma Larga, por lo que el Gobierno revocó en octubre la licencia ambiental que había otorgado.
Noboa aseguró este viernes que el caso evidencia «que la vieja política no descansa». «Prefieren fabricar denuncias maliciosas para intentar destruir lo que no pueden igualar en las urnas», señaló.
Y aseguró que se reservaba el derecho de «tomar las acciones legales que correspondan». «En caso de que la Justicia falle a favor, los fondos serán destinados a la conservación hídrica en Azuay», añadió en su comunicado.
Loma Larga preveía una inversión de entre 400 y 500 millones de dólares para la construcción de las instalaciones de la mina, con el objetivo de extraer reservas aproximadas de 925.000 onzas de oro, si bien en el yacimiento también hay cantidades menores de plata y cobre.
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