Ante la insolvencia financiera que afecta a varios municipios en México, las autoridades locales han optado por echar mano de terrenos e inmuebles pertenecientes al ayuntamiento para hacer frente a diversos adeudos con proveedores, contratistas y ex trabajadores.
En un ejemplo de esta situación, el gobierno de Toluca solicitó al Congreso del Estado de México, en junio pasado, la separación de un predio del patrimonio municipal con el fin de saldar una deuda de 18.9 millones de pesos que data de hace 14 años.
La deuda está relacionada con la ampliación de una unidad deportiva, pero la medida no prosperó y los diputados solicitaron al ayuntamiento investigar posibles irregularidades entre funcionarios y la constructora involucrada.
El problema de insolvencia se agrava con los laudos laborales, que se han convertido en una carga financiera para los municipios. En Veracruz, por ejemplo, 174 demarcaciones enfrentan mil 837 recursos de trabajadores que demandan indemnizaciones por despido injustificado.
A pesar de los intentos de vender bienes municipales para obtener fondos y hacer frente a estas deudas, las peticiones de los ayuntamientos no han logrado avanzar en los congresos locales.
La crisis de endeudamiento ha llevado a algunos cabildos en estados como Colima, Veracruz y Estado de México a intentar desincorporar terrenos municipales, que incluyen construcciones como escuelas o estadios, con la intención de rematarlos y obtener recursos financieros.
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