En México, el debate sobre la reducción del uso del efectivo ha dejado de ser teórico. Las recientes disposiciones que buscan limitar temporalmente su manejo en sectores como el de combustibles abren una discusión de fondo: ¿estamos realmente preparados para transitar hacia una economía menos dependiente del efectivo?
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en el país. Para compras menores a 500 pesos, 85% de la población lo utiliza con mayor frecuencia, y aun en transacciones superiores a ese monto, el 73% continúa prefiriéndolo. Más aún, el 94% de las personas reporta haber realizado al menos un pago en efectivo en los últimos meses, lo que confirma su carácter estructural en la economía mexicana.
Esto no es menor. El efectivo no es sólo un medio de pago; es, para millones de personas, el único mecanismo disponible. El 63% de quienes tienen tarjeta de débito pero no la utilizan para pagos declara que prefiere el efectivo. Entre las principales causas destacan la costumbre (46%), la falta de aceptación en comercios (15%) y la desconfianza en los medios electrónicos (13%). Es decir, el reto no es únicamente de acceso, sino de confianza, infraestructura en zonas donde no se aceptan medios digitales y mucha cultura financiera.
Hay, además, un elemento que merece mayor atención. La reducción de la cuota de intercambio en gasolineras es una política pública de costo fiscal nulo, pero no de costo económico inexistente. Lo que no absorbe el Estado lo absorbe el sistema financiero. En particular, los emisores de tarjetas —muchos de ellos instituciones mexicanas con fuerte presencia en segmentos de ingresos medios y bajos— ven reducida una fuente relevante de ingresos que financia productos de bajo costo, infraestructura en zonas marginadas, innovación y expansión del crédito.
Mi preocupación sigue siendo la misma, mientras la medida busca incentivar pagos electrónicos y reducir el uso del efectivo, puede, al mismo tiempo, debilitar a los actores que han sido clave para la inclusión financiera en el país. Es paradójico que, en el intento por reducir el uso del efectivo, se presionen los ingresos de quienes más han contribuido a integrar a esa población al sistema financiero.
La evidencia muestra que el ecosistema de pagos digitales en México aún es incompleto. Solo 22% de la población ha realizado transferencias electrónicas recientes y herramientas como CoDi mantienen niveles de uso marginales. En zonas rurales, la brecha es aún más marcada: apenas17% utiliza tarjetas y 12% transferencias. Reducir el efectivo sin cerrar estas brechas puede generar efectos no deseados, y el principal sería la exclusión financiera.
La discusión, por tanto, no debe centrarse en eliminar el efectivo, sino en gestionar su transición. Desde la perspectiva de las instituciones financieras agrupadas en UNIFIMEX —muchas de ellas cercanas a sectores que dependen intensamente del efectivo— el reto es doble. Por un lado, acompañar la agenda de integridad financiera y modernización del sistema. Por otro, asegurar que esta transformación no deje atrás a los segmentos más vulnerables ni a las economías locales que aún operan bajo lógicas predominantemente en efectivo.
México no necesita menos efectivo por decreto, sino más opciones reales para dejar de depender de él. Desde UNIFIMEX, existe plena disposición para ser parte activa de esta construcción. Las instituciones que representamos están en la primera línea de la inclusión financiera y conocen de cerca las realidades donde el efectivo sigue siendo indispensable.
La oportunidad está sobre la mesa: hacerlo bien implicará reducir el efectivo sin excluir a quienes hoy dependen de él.
