La política conservadora Keiko Fujimori tomó posesión como presidenta de Perú este martes para un mandato de cinco años. Entre los principales retos de su gobierno se encuentran recuperar la estabilidad del país, tras una década marcada por la crisis política, y enfrentar el incremento de la delincuencia.
Durante la ceremonia de investidura ante el Congreso, Fujimori se comprometió a proteger la soberanía del país, así como a garantizar la libertad, la democracia y la independencia de los poderes del Estado.
La conservadora, de 51 años, añadió que cumplirá y hará cumplir la Constitución, que respetará las leyes y velará por la integridad física y moral de todos los peruanos, «en especial de los que han sido históricamente postergados».
Luego se colocó la banda presidencial de colores rojo y blanco elaborada con una tela brillante e hilos bañados en oro.
La hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) —fallecido en 2024 y quien estuvo 16 años preso por corrupción y asesinato— retorna más de un cuarto de siglo después al palacio presidencial donde vivió y fue primera dama tras el divorcio de sus progenitores en 1994 tras imponerse en junio en un reñido balotaje al progresista Roberto Sánchez en su cuarto intento por alcanzar el poder.
A pesar de la larga inestabilidad política que antecedió a su triunfo —con ocho presidentes en la última década— la conservadora, de 51 años, encontrará a un país con una economía estable y en crecimiento favorecida por las exportaciones de minerales.
Principal reto de Fujimori será el combate a la delincuencia organizada
Su principal reto será el combate a la delincuencia organizada, en particular las extorsiones que se han expandido por casi todo Perú, donde las denuncias por ese delito pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.
Las extorsiones golpean la economía de miles de pequeños negocios que son amenazados con ataques con explosivos o incendios y que han cobrando la vida de 239 transportistas en 2025, sobre todo de mototaxistas que operan en las zonas más pobres.
La oposición política ha formulado una serie de pedidos a Fujimori, incluida la derogación de un conjunto de leyes aprobadas por el anterior Parlamento dirigido por el fujimorismo que, según los expertos, debilitan la lucha contra el crimen organizado.
Esas normas eliminan la detención preventiva en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.
La líder conservadora prometió en campaña que enfrentará el crimen con «mano dura» siguiendo el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. También ha dicho que construirá una cárcel similar a la salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo e implantará jueces con el rostro cubierto como ocurrió durante el gobierno de su padre.
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