El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas consideró que la captura del expresidente peruano Pedro Castillo, quien cumple una condena a once años y cuatro meses de prisión por su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, fue «arbitraria», por lo que debería ser puesto «inmediatamente en libertad» y ofrecerle una indemnización.
En un dictamen publicado con fecha del 4 de junio, pero que trascendió este jueves en medios peruanos, el grupo señaló que la detención de Castillo (2021-2022) contravino artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El grupo concluyó que la privación de libertad del exmandatario careció de base legal y cuestionó las circunstancias de su detención y la falta de una justificación individualizada para mantenerlo en prisión preventiva, además de argumentar que no contó con las garantías de un juicio justo.
En ese sentido, consideró que «teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado» sería poner a Castillo «inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional».
También instó al Gobierno peruano «a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad» del ex jefe de Estado y que «adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos».
Solicitó, además, que se le proporcione «información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión» en un plazo de seis meses.
Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022 luego de su fallido intento de golpe de Estado, tras lo cual fue juzgado hasta el 27 de noviembre de 2025, cuando un tribunal le impuso una condena a 11 años y 4 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.
Desde entonces, la defensa del exgobernante ha presentado seis pedidos de indulto, que hasta el momento han sido rechazados con el argumentos de que el proceso aún sigue en marcha porque ha sido apelado ante tribunales superiores.
Este martes, el mandatario interino de Perú, José María Balcázar, insistió en que debe tener un sustento jurídico constitucional para otorgar una gracia presidencial, aunque agregó que esperará «a ver lo que pide o no pide el expresidente de la República».
El ministro de Justicia, Luis Jiménez, informó que el pasado 25 de junio ingresó «una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales» y que «seguramente, muy pronto, ya tendrá una respuesta del ministerio».
La nueva solicitud pide al Poder Ejecutivo que aplique una atribución prevista en la Constitución peruana que permite al gobernante ejercer el derecho de gracia en determinados casos establecidos por la norma, entre ellos a los condenados sin sentencia firme, como es el caso de Castillo.
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