El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. anunció este viernes la incorporación de 43 empresas chinas a la lista de entidades sancionadas bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA), una medida que impedirá la entrada a Estados Unidos de los productos fabricados por esas compañías al presumirse que están vinculadas al trabajo forzoso en la región china de Xinjiang.
Con esta ampliación, que entrará en vigor el próximo 3 de agosto, la lista pasará a incluir 187 entidades, un incremento del 30 % y la mayor expansión desde la creación del mecanismo.
Según el DHS, las empresas incorporadas operan en sectores como el aluminio, la confección, el cobre, el algodón y el procesamiento de tomates, y habrían obtenido materiales de Xinjiang o participado en programas de traslado y contratación de uigures, kazajos, kirguises y otros grupos perseguidos.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que el Gobierno de Donald Trump impedirá que los productos de estas compañías ingresen al mercado estadounidense para evitar que los trabajadores del país compitan con bienes elaborados mediante «mano de obra esclava».
El DHS señaló además que, desde la entrada en vigor de la UFLPA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha bloqueado más de 24.300 envíos valorados en cerca de 1.000 millones de dólares.
La decisión se enmarca en la estrategia comercial de la Administración de Donald Trump para mantener vigentes sus aranceles globales con un nuevo mecanismo legal basado en el trabajo forzado.
Una semana atrás, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) impuso aranceles adicionales del 10 % a productos de 14 economías y del 12,5 % a mercancías de otras 46, al considerar que esos países no hacen lo suficiente para impedir que bienes elaborados con trabajo forzoso entren en sus mercados.
La propuesta, que afecta a un total de 60 economías —entre ellas China, la Unión Europea, México, Canadá, Japón, India y Ecuador—, busca complementar la aplicación de la UFLPA y otras medidas dirigidas a excluir de las cadenas de suministro estadounidenses productos vinculados a abusos laborales. Washington sostiene que estas prácticas perjudican tanto a los derechos humanos como a la competitividad de los trabajadores y fabricantes estadounidenses.
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