La creación del Servicio Universal de Salud (SUS), presentada como una de las grandes apuestas del gobierno, en realidad es un tema que gira en la utopía mexicana desde tiempos de la colonia.
El objetivo es tener un sistema capaz de garantizar atención médica para todas las personas, sin importar su condición laboral o económica y, ¿quién podría oponerse a la universalización de la salud? Nadie, claro está.
Sin embargo, las reformas profundas no se realizan con promesas, ideales de buena onda o un disfraz humanista, se necesita coherencia, recursos, realidad; y aquí comienza la grieta: el modelo del gobierno en turno, tiene contradicciones inquietantes, una de ellas es integrar a Pemex al SUS cuándo la propia dirección jurídica de la petrolera advirtió (por escrito y con soportes técnicos, financieros y administrativos), que dicha incorporación es técnicamente inviable y jurídicamente riesgosa.
Y el problema de fondo es más profundo de lo que parece. El sistema de salud mexicano no es un cuerpo uniforme: es un mosaico fragmentado de instituciones construidas para poblaciones distintas y que se administran con reglas distintas. Por ejemplo y a nivel federal: el IMSS atiende a trabajadores del sector privado; el ISSSTE a empleados del Estado; IMSS-Bienestar a población sin seguridad social. Y esto a su vez cuenta con un subesquemas estatales. Y cada uno tiene formas diferentes de financiamiento, obligaciones laborales propias y capacidades desiguales.
Cada organismo es una estructura separada, levantada en tiempos distintos y con propósitos distintos. Y sin embargo el SUS pretende (en necedad o berrinche electoral), fusionar en una red compartida la infraestructura, recursos y al capital humano.
¿El problema? Obvio: integrar sistemas desiguales no elimina sus diferencias, las vuelven puntos de fricción y la tensión más visible en esa maraña, es el sistema de salud de PEMEX que no fue concebido como servicios públicos abiertos a toda la población, son prestaciones laborales pactadas durante décadas con la empresa, los trabajadores y el sindicato. Y abrirlos al sistema propuesto (además de la actual carencia de sufre), alterará derechos adquiridos, los contratos del personal se nivelaría y todo, se sometería a una estructura ya debilitada porque ésa es otra realidad que el discurso oficial no reconoce: el sistemas de salud en México operan bajo desgaste.
No se puede esconder el desabasto, la saturación y carencias acumuladas y aun así, la reforma propone ampliar la cobertura sin ampliar los recursos. Aquí la pregunta es inevitable: ¿cómo se universaliza la atención médica sin construir nueva capacidad y reduciendo el presupuesto? La respuesta es evidente: redistribuyendo la escasez.
La falta de insumos no produce fortaleza y compartir carencias no multiplica soluciones y bajo este esquema, el SUS está trasladando la crisis de una institución a otra convirtiendo la saturación en un problema generalizado: más pacientes en los mismos hospitales. Más demanda con el mismo presupuesto. Más expectativas con las mismas limitaciones. Pero la complejidad no se puede resolver por decreto. Anunciar una transformación no equivale a construirla. Universalizar la salud es una necesidad histórica pero todos los gobiernos fracasan cuando confunden deseo con capacidad.
