La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al segundo trimestre de 2026, ofrece un dato que ayuda a entender el estado de ánimo de muchas ciudades mexicanas. El 65.4% de la población urbana considera que las fallas y fugas en el suministro de agua potable figuran entre los principales problemas del lugar donde vive. La percepción, lejos de mejorar, aumentó respecto del trimestre anterior. En Villahermosa el porcentaje alcanza 81.7%.
A la luz de esos datos vale la pena leer lo ocurrido el miércoles pasado, cuando el Gobierno de Centro dio por consolidado el circuito Villahermosa–Periférico–Río Viejo–Ixtacomitán, una importante obra hidráulica emprendida por la administración que encabeza Yolanda Osuna Huerta.
Con la presencia del gobernador Javier May Rodríguez se informó la conclusión de casi 14 kilómetros de tubería que conducirán 500 litros de agua por segundo desde la nueva planta potabilizadora Carrizal II hacia 22 localidades, con un beneficio estimado para más de 103 mil habitantes.
Las inauguraciones suelen concentrarse en aquello que comienza. Rara vez se detienen en lo que todavía falta. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿basta con ampliar la infraestructura de conducción cuando buena parte de la red que recibirá ese caudal fue instalada hace cuatro o cinco décadas? Muchas de esas tuberías fueron construidas para una ciudad distinta, con otra demanda y otra presión de servicio.
Los registros del propio Sistema de Agua y Saneamiento del municipio ayudan a poner el problema en perspectiva. Entre enero y julio de este año se realizaron cerca de 2 mil 200 reparaciones de fugas. Leída con atención, esa cifra no contradice lo ocurrido el miércoles. Ampliar la cobertura sin renovar al mismo tiempo toda la red antigua responde a una lógica de política pública comprensible: hay colonias que han pasado años sin una sola gota de agua entubada, y darles acceso al servicio es una prioridad difícil de cuestionar, aunque ello implique someter la infraestructura existente a una presión mayor y exigir un esfuerzo adicional de las autoridades.
La idea de que la política es el arte de lo posible recorre buena parte de la filosofía política, de Aristóteles a Weber. De ella se desprenden otras dos convicciones: que ningún gobierno hereda una ciudad resuelta y que es injusto juzgar a una administración por la distancia que aún la separa del ideal. Hay bastante de cierto en esas premisas. La propia ENSU muestra que la percepción de efectividad de los gobiernos para resolver los problemas urbanos más importantes apenas alcanza 30.8% a nivel nacional. La insatisfacción con los servicios públicos parece ser, más que la excepción, una condición estructural de los gobiernos locales en México y, me atrevería a decir, de buena parte del mundo.
Lo que no admite la misma justificación es la inacción. Cualquier gobierno, sea cual sea su signo político, podría escudarse en las deficiencias acumuladas para eludir la responsabilidad sobre aquello que sí estaba a su alcance. Lo que importa es determinar si los recursos públicos se están destinando donde el problema es mayor y si las fugas reciben una atención tan sistemática como las obras de ampliación de la infraestructura.
En Centro, el primer aspecto puede responderse con datos. Durante los últimos cinco años, más de la mitad de los recursos municipales destinados a infraestructura se concentró en agua, drenaje y saneamiento. Más que un anuncio aislado, esos datos reflejan una decisión presupuestal que se ha mantenido.
Respecto del segundo punto, la evidencia también resulta favorable. Las brigadas del Sistema de Agua y Saneamiento no solo reparan las fugas conforme aparecen; también han sustituido tramos completos de tubería en las zonas con mayor antigüedad. Esa diferencia importa, porque habla de una estrategia que busca atender las causas del problema y no únicamente sus efectos inmediatos. Las más de dos mil intervenciones realizadas en siete meses muestran que la ampliación de la cobertura avanza al mismo tiempo que el mantenimiento de la red existente.
Ningún pueblo alcanza un estado de perfección y ninguna administración comienza desde cero. Gobernar es, en buena medida, el arte de resolver problemas heredados con los recursos disponibles, no con los que sería deseable tener.
La diferencia entre un gobierno responsable y otro que se limita a administrar el desgaste no radica en la ausencia de rezagos —ninguna ciudad del país está libre de ellos—, sino en las prioridades que establece cuando las necesidades superan la capacidad presupuestal.
En el caso de Centro, la inversión sostenida en agua y saneamiento apunta en la dirección correcta: enfrentar el problema de fondo en lugar de posponerlo. Es un camino que exige constancia porque, después de todo, durante mucho tiempo miles de familias tuvieron que organizar su vida cotidiana alrededor de una pipa.
