Una denuncia ciudadana presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicita investigar un contrato de Pemex por hasta 4 mil 838 millones 689 mil pesos, otorgado de manera directa a un consorcio para el arrendamiento de vehículos especializados en el combate al robo de hidrocarburos.
El contrato fue adjudicado el 25 de julio de 2025, durante la administración de Víctor Rodríguez Padilla, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por presunta violencia física contra su esposa. El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028 y contempla el arrendamiento de entre 350 y mil 200 vehículos especializados por año para tareas de seguridad física, salvaguarda estratégica y combate al mercado ilícito de combustibles.
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La denuncia cuestiona que la contratación se haya realizado sin licitación pública, bajo el argumento de que el servicio está relacionado con actividades de seguridad nacional y protección de infraestructura estratégica.
Las empresas beneficiadas fueron Arrendo Serv, S.A. de C.V. e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., sobre las cuales también se pide investigar su capacidad técnica, financiera y operativa, así como la identidad de sus beneficiarios finales y la posible existencia de conflictos de interés o simulación de competencia.
El documento también fue enviado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Órgano Interno de Control de Pemex, para que revisen la legalidad del procedimiento y el uso de los recursos públicos.
Entre los señalamientos, la denuncia refiere posibles vínculos empresariales y relaciones con otros grupos corporativos que, según el denunciante, ameritan una investigación para determinar si existieron beneficiarios no identificados formalmente o posibles conflictos de interés durante la adjudicación.
Además, solicita verificar que las empresas contaran con la capacidad necesaria para ejecutar un contrato de ese monto y, en caso de detectarse irregularidades administrativas, fiscales o penales, aplicar las sanciones correspondientes y dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
JCSC
