Más de 350 mil personas carecen de acceso a agua potable en Tabasco. Municipios como Centla, Nacajuca y Tacotalpa sufren desabasto severo, con comunidades sin agua por meses y en Villahermosa, la capital, el servicio es intermitente y de baja calidad.
El Gobierno de Tabasco respondió con violencia a quienes exigían un derecho humano fundamental: el agua. Con antimotines fueron desalojados manifestantes de la Ranchería Dos Montes, Centro.
En el municipio de Centro, la carencia de agua potable afecta a un porcentaje significativo de la población: 13.4% (sin agua entubada).
Tabasco, estado paradójicamente rico en agua, enfrenta una compleja crisis hídrica que se manifiesta en escasez de agua potable y contaminación del vital recurso: 70% de las aguas superficiales están contaminadas por descargas residuales, agroquímicos y actividades industriales.
Los ríos Grijalva y Usumacinta, principales fuentes de agua, están altamente contaminados y es que solo el 30% de las aguas residuales se trata. En 2023, Tabasco fue el estado con mayor estrés hídrico del país.
69% de la población mexicana —al cierre de febrero de este año—, padeció algún tipo de desabasto de agua. Esta cifra no solo refleja la magnitud de la crisis hídrica que azota al país, sino que desnuda la ineficacia de las estrategias implementadas por gobiernos hasta ahora.
No es solo una cuestión de escasez de agua, es una crisis en su gestión. Un problema complejo que exige soluciones integrales, más allá de medidas temporales y parches superficiales.
Los mexicanos se ahogan en sed, pues 16 entidades federativas están a punto de quedarse sin agua: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México (CDMX), Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Hay escasez de agua en ciudades mexicanas. De acuerdo al Monitor de Sequía de México del 31 de marzo de 2024, 22 estados presentan algún grado de sequía: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas, presentan sequía extrema.
12 estados presentan sequía severa como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas. Por otra parte, Campeche, CDMX y Veracruz, presentan sequía moderada.
Las cifras oficiales pueden subestimar la realidad, porque las zonas rurales y marginadas son las más afectadas. La falta de agua potable tiene graves consecuencias para la salud, la higiene y el desarrollo social.
Además de la crisis hídrica y a consecuencia de ella, se recrudecen los incendios forestales que suman más de cien activos en el territorio nacional: 18 estados están afectados por estos desastres ambientales.
Es preocupante, tan solo este año se han incrementado los incendios forestales en un 200% y disminuyó 38% el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), decisiones que, así lo niegue la autoridad, han impactado de manera negativa en el medio ambiente. Y súmele el problema de la escasez de agua.
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) era un instrumento vital para enfrentar las crisis provocadas por la naturaleza. Su desaparición, una decisión arbitraria del presidente, ha dejado a la población a merced de los desastres.
¿En qué se ha gastado el dinero del Fonden? En obras faraónicas de dudosa utilidad, en proyectos que solo han enriquecido a los allegados al poder.
El gobierno de López Obrador ha incrementado la deuda pública en 4.7 billones de pesos (millones de millones) según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alcanzando los 15.4 billones de pesos.
El reto es monumental, pero no imposible. Requiere un cambio radical de enfoque, una visión a largo plazo que priorice la sostenibilidad y la justicia social. Es hora de actuar con inteligencia y determinación para garantizar el derecho fundamental al agua para todas y todos.
POR: Guillermo Arias Morales