El asesinato del sacerdote Juan Manuel Zavala en la región de Mezcalapa, en Chiapas, volvió a encender las alertas sobre la violencia que enfrentan los ministros religiosos en México. El religioso ofició la misa dominical en una comunidad de la zona montañosa y, al regresar a su parroquia, desapareció. Horas después, pobladores localizaron su vehículo y pertenencias; posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
Con este caso, suman 65 sacerdotes católicos asesinados en el país durante los últimos 25 años, además de 84 ministros de culto víctimas de homicidio en ese mismo periodo. Tan solo entre 2024 y 2026 se han registrado tres casos: el de Zavala en Chiapas, el del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada en octubre de 2025 en Guerrero, y el del padre Marcelo Pérez un año antes, también en territorio chiapaneco.
El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, monseñor Héctor Mario Pérez, informó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas continúa con las investigaciones para determinar las causas de la muerte del sacerdote, cuyo cuerpo fue localizado cerca del centro ecoturístico Laguna Verde, en el municipio de Coapilla.
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De acuerdo con datos del investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés, de la Universidad Autónoma de Coahuila, entre el año 2000 y 2026 se han registrado 85 crímenes contra ministros de culto en México, de los cuales 35 ocurrieron desde 2016 a la fecha. El año más violento fue 2018, con nueve asesinatos.
Crimen organizado y alta impunidad
El especialista señala que muchos de estos ataques están vinculados con el crimen organizado, ya sea porque los sacerdotes denuncian la violencia desde sus comunidades o porque quedan atrapados en contextos de inseguridad, robos o enfrentamientos.
Según el académico, el tradicional respeto hacia los líderes religiosos parece haberse debilitado en algunas regiones del país, donde incluso pueden convertirse en figuras incómodas para grupos delictivos.
A ello se suma la alta impunidad en este tipo de delitos, ya que en la mayoría de los casos los responsables no son identificados ni llevados ante la justicia.
(WCLS)
