El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, como asunto de urgente resolución, dos Minutas con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante la madrugada de este viernes, alrededor de la 1:30 am, el Congreso de Tabasco, siendo el primero en aprobar con 26 votos a favor y 7 en contra la segunda elección de jueces y magistrados federales y locales, que será el domingo 4 de junio de 2028, no en 2027 como se proyectó inicialmente.
Así también se rediseña el sistema con mecanismos de evaluación más estrictos, menos candidaturas en boletas y exámenes de conocimientos con metodologías unificadas.
Una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités evaluadores de los tres poderes de la Unión. Analizará y aprobará criterios de evaluación y verificará requisitos de elegibilidad. Se exige acreditación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Se establece reelección por un nuevo periodo de seis años para magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Revocación de mandato
Se adecuará para realizarse de manera concurrente con elecciones ordinarias federales o locales del año en que se celebre el proceso.
Se manifestaron a favor Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Manuel Gurría Reséndez y Marcos Rosendo Medina Filigrana. En contra, Nelson Humberto Gallegos Vaca, Claudia Gómez Gómez, Francisco Javier Cabrera Sandoval, Orquídea López Yzquierdo, Fanny Kristell Vargas Vázquez, Pedro Palomeque Calzada y Gerald Washington Herrera Castellanos.
Alrededor de las 3:30 de la mañana de este viernes, los congresistas tabasqueños aprobaron con 26 votos a favor y 7 en contra. Reforma el artículo 41, fracción VI, adicionando el inciso D.
El objetivo es introducir la “intervención extranjera” como nueva causal de nulidad de elecciones. Proteger la soberanía nacional frente a injerencias externas, garantizar elecciones libres y ajenas a influencia extranjera, y reforzar el sistema de nulidades electorales.
Ambas reformas buscan fortalecer la legitimidad democrática, la soberanía popular y los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y autenticidad del sufragio.
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