Cada año, cerca de 1,2 millones de empresas en México caen víctimas de la delincuencia, siendo el sector comercial el más golpeado, seguido de cerca por los servicios y la industria. Esta preocupante realidad se revela en el informe «Empresas Bajo Fuego» de México Evalúa, basado en la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hasta el 2021.
El estudio documenta un aumento alarmante de la violencia en el país en las últimas dos décadas, atribuido en parte a la disminución de los ingresos de las organizaciones criminales debido a la intervención gubernamental durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012). En busca de nuevas fuentes de recursos, las actividades delictivas como la extorsión, el robo y la explotación ilegal de recursos naturales han proliferado.
La extorsión, en particular, ha afectado a una amplia gama de negocios, desde grandes corporaciones hasta pequeñas empresas familiares como tortillerías y puestos ambulantes. Este flagelo ha dejado secuelas económicas devastadoras: en 2021, solo el 37% de las empresas contaba con alguna medida de protección contra la delincuencia, en comparación con el 46% en 2019.
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Los costos asociados a la seguridad han ascendido a 69.901 millones de pesos (aproximadamente 4.121 millones de dólares), sumados a pérdidas por 50.341 millones de pesos (unos 2.967 millones de dólares). Estos recursos podrían haberse invertido en mejoras de productividad, pero se han visto desviados hacia medidas de seguridad como la compra de cámaras y la contratación de personal de vigilancia.
El informe también destaca que la región del Bajío, que comprende Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, experimenta la mayor incidencia delictiva empresarial, seguida por Durango, Sonora, Colima, Ciudad de México, Querétaro y Tlaxcala. Por otro lado, Yucatán se distingue como la entidad con la menor tasa de delitos contra empresas en el país.
En este contexto, la extorsión continúa siendo la actividad criminal más perjudicial para empresas de todos los tamaños, con un impacto particularmente fuerte en estados como Baja California, Colima, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas, donde la tasa de prevalencia alcanza niveles preocupantes.
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POR: JTG