Guanajuato, uno de los ocho estados que aún penalizan el aborto en México, tendrá un plazo de 90 días -a partir del 15 de febrero- para adecuar su legislación o la Suprema Corte podría emitir una nueva resolución de inconstitucionalidad con efectos en todo el país, según destacó este martes la organización Amnistía Internacional (AI).
En un posicionamiento en redes sociales, AI reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de admitir a trámite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, relacionada con artículos del Código Penal de Guanajuato que criminalizan el aborto.
AI recordó que Guanajuato lleva cuatro años sin acatar la sentencia de la Corte que en 2021 declaró inconstitucional la criminalización del aborto en todo México, obligando a los 32 estados del país a adecuar sus leyes para despenalizar el aborto.
No obstante, la ONG advirtió que en diciembre de 2025 el Congreso de Guanajuato «archivó definitivamente iniciativas para despenalizar el aborto, reformar su Constitución y reconocer la autonomía reproductiva, incumpliendo sus obligaciones constitucionales».
«El Congreso de Guanajuato tiene 90 días a partir del 15 de febrero para reformar la ley. De no hacerlo, la SCJN podrá ordenar la despenalización del aborto en las entidades (estados) que aún lo criminalizan», apuntó AI.
Hasta ahora, Guanajuato, Morelos, Querétaro (centro), Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora (norte) siguen sin despenalizar el aborto.
Aguascalientes (centro) despenalizó el aborto hasta las 12 semanas en diciembre de 2023, pero en agosto de 2024 redujo el plazo legal para la interrupción del embarazo a las seis semanas, generando críticas de varias ONG que advirtieron un retroceso en materia de derechos humanos y reproductivos.
La admisión de la resolución se suma a otros debates recientes en la Suprema Corte, como la revisión del caso de Aguascalientes -aplazada el 6 de enero sin fecha definida-, en la que se analizaría si los congresos estatales pueden restringir el acceso al aborto tras su despenalización.
En 2021, la SCJN declaró inconstitucional criminalizar la decisión de interrumpir el embarazo en México, sentencia que fue reforzada en 2023, obligando incluso al Congreso federal a despenalizarlo, lo cual todavía no ha sucedido aún.
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