Elena es una mujer con discapacidad psicosocial que necesita, para ejercer su capacidad jurídica, la asistencia de una persona de apoyo. Un derecho reconocido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Elena está involucrada en varios procesos jurisdiccionales y penales. En el último año, ese derecho le ha sido negado, a medias o del todo, tanto por jueces de carrera judicial como por jueces electos por voto popular.
Ahí está, en un solo caso, la pregunta que debería hacerse un año después de la primera elección judicial: ¿de verdad se acercó la justicia a las personas, o solo cambiamos quién ocupa la banca mientras el trato hacia quienes más la necesitan sigue intacto?
El discurso de la reforma prometía tribunales más accesibles y un sistema más comprensible para la gente. La promesa implícita era que elegir a las juzgadoras y juzgadores corregiría, o al menos aliviaría, esa distancia. El caso de Elena permite ponerla a prueba.
La tarea de la persona de apoyo es acudir a todas las audiencias o actuaciones que lleven a cabo las autoridades, tanto ministeriales como las personas juzgadoras. Una vez ahí, podrá simplificar la comunicación entre Elena y las autoridades. Esta persona deberá brindar soporte y orientación. Es una forma de contención emocional y de soporte de memoria porque, con motivo de su discapacidad, Elena olvida en ocasiones cuestiones relevantes que son necesarias para seguir con las audiencias.
Ante tal panorama, lo lógico es que la persona de apoyo de Elena esté presente desde el inicio de las audiencias. Se facilite su acceso o asistencia. Por tal motivo, se requieren ajustes al procedimiento que garanticen a Elena un óptimo acceso a la justicia.
La lógica parece no estar presente en el caso de Elena. Y no ha sido una sola vez.
Ha habido de todo un poco. Desde audiencias que empezaron y se interrumpieron porque no estaba presente la persona de apoyo, hasta aquellas que, en el transcurso de esta, se dijo que ya podía ingresar la persona de apoyo. También se dio el caso de un juez que ni siquiera permitió su acceso y amenazó con sacar incluso a los abogados de Elena porque no los consideraba apropiados para el desarrollo del procedimiento.
Nada de esto ocurre en un vacío normativo. La Suprema Corte cuenta con protocolos de actuación para juzgar con perspectiva de discapacidad. México firmó y ratificó la Convención hace más de una década. Lo que falta no es la norma, sino la voluntad y la formación para aplicarla. Algo que ni una elección ni una carrera judicial garantizan por sí solas.
Elena no es sólo un caso más dentro del sistema de impartición de justicia. Si lo extrapolamos, puede ser la realidad que enfrentan miles de personas con discapacidad al momento de acudir a los tribunales o a las agencias del ministerio público.
La respuesta que da el caso de Elena es incómoda: no se está acercando la justicia a las personas. La elección de jueces no alivia las tensiones que hay en la impartición de justicia.
Los jueces que la han hecho esperar, que han amenazado con sacar a sus abogados, que se resisten a dejar entrar a su persona de apoyo, no llegaron ahí por herencia del viejo sistema. Algunos fueron votados en la boleta que iba a corregir precisamente eso. La reforma cambió el mecanismo de acceso al cargo, pero no tocó el criterio con el que se ejerce. Y esa es la distancia que las Elenas del país siguen midiendo, audiencia por audiencia.
COLUMNA POR: SANTIAGO CHABLÉ
