En las últimas semanas se discutió mucho respecto de los ajustes necesarios para el proceso electoral judicial de 2027. El principal punto fue el aplazamiento de la jornada debido a su incompatibilidad con los procesos de partidos políticos. El tema llegó hasta la mañanera y acabó con la iniciativa que mandó la presidenta de la República al Congreso de la Unión.
En los días que están por venir habrá un periodo legislativo extraordinario. Sin embargo, la premura por reformar la Constitución en materia de la elección de personas juzgadoras está dejando un saldo pendiente: todavía no existen las mejores condiciones para concretar la segunda parte de la reforma judicial electoral.
La iniciativa de la presidenta es acertada al modificar la fecha de la elección. No obstante, no se hace cargo de diversos problemas operativos que dejó ver el proceso electoral judicial de 2025.
Hay aspectos que generan preocupación, como hacer coincidir la renovación de la judicatura con la revocación de mandato y con los procesos electorales locales de 2028. Esto podría resultar inviable debido a la naturaleza diferenciada de los comicios y de los ejercicios de democracia directa.
Por otro lado, la propuesta eleva a rango constitucional el diseño de los distritos judiciales electorales y de la boleta para emitir el voto. Ello limita el margen de actuación de las autoridades electorales, pues la organización deberá ajustarse a propuestas previamente definidas que podrían no tomar en cuenta las características particulares de la geografía electoral inherente a los procesos judiciales.
Lo primordial no solamente es aplazar la elección de personas juzgadoras, sino también ajustar las reglas de los comicios judiciales. La premura con la que se organizó la elección de 2025 evidenció distintas áreas de mejora y es indispensable atenderlas.
Lo deseable es que se conjunten las distintas propuestas y se apruebe una reforma que facilite la elección judicial a partir de datos objetivos y de ejercicios de parlamento abierto. Hasta ahora, una de las iniciativas con mayores aciertos es la presentada por el senador Javier Corral, la senadora Susana Harp, el diputado Ramírez Cuéllar y otras personas integrantes de los grupos parlamentarios de Morena en el Congreso.
En ella se propuso el aplazamiento de la elección, encargar la emisión de la convocatoria al INE y la instalación de un único Comité de Evaluación asistido por la Escuela Nacional de Formación Judicial. Asimismo, atendía la antinomia relacionada con la elección de la presidencia de la Suprema Corte y respetaba la libertad de las entidades federativas para organizar sus procesos locales.
Todo parece indicar que se aprobará la iniciativa presidencial en sus términos. Habrá más tiempo para ajustar las reglas de la elección judicial y construir un proceso más funcional, pero para ello se requiere voluntad política de todas las fuerzas involucradas.
En tanto continúe la elección de personas juzgadoras por voto popular, debemos buscar incidir para que lleguen los mejores perfiles. Y para lograrlo necesitamos la reforma más adecuada, no una que únicamente parche lo aprobado en 2024.
COLUMNA POR: SANTIAGO CHABLÉ
