Concluyó el procedimiento de designación de las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Tras un mes intenso, el pasado 21 de abril la Cámara de Diputaciones designó a Blanca García Cruz, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López como las nuevas personas integrantes del máximo órgano de dirección de la autoridad administrativa electoral.
La mayoría calificada se logró tras un día de negociaciones entre los grupos parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Precisamente durante ese día se manejaron diferentes versiones sobre quiénes eran las personas que contaban con los consensos necesarios para integrarse al INE.
Lo anterior nos evidencia la carga política que tienen estos procesos y la necesidad de evaluarlos a partir de esa naturaleza. Ello, porque mucho se dice sobre los perfiles de las personas que llegaron a las quintetas y las personas que finalmente fueron designadas.
La participación en procesos de designación como el que vimos implica, por sí misma, formar parte de un acuerdo político. Pensar lo contrario sería desconocer la lógica constitucional bajo la cual se integran los órganos autónomos en nuestro país.
El problema no es la existencia de lo político en estos procesos. El problema sería negar su presencia o pretender sustituirlo por una narrativa de neutralidad absoluta que no se sostiene en la realidad institucional. La Constitución diseñó un modelo en el que conviven dos dimensiones: una técnica, que busca asegurar perfiles idóneos mediante evaluaciones, y una política, que materializa la decisión final a través de los órganos de representación democrática.
Reducir la discusión a una supuesta “captura” automática de la autoridad electoral por el hecho de que exista negociación política implica simplificar un proceso mucho más complejo. La independencia no se presume ni se cancela en el momento de la designación; se construye y se demuestra en el ejercicio cotidiano de la función.
Por ello, el estándar de exigencia no debe agotarse en el origen del nombramiento, sino trasladarse al desempeño. Será en las decisiones que adopten, en la manera en que conduzcan los procesos electorales y en la forma en que ejerzan sus atribuciones donde las nuevas consejerías deberán acreditar su compromiso con la Constitución y la ciudadanía.
Esto no significa renunciar a la crítica. Al contrario, implica elevarla. Exigir procesos cada vez más transparentes, fortalecer los filtros técnicos y ampliar los mecanismos de participación ciudadana son tareas pendientes que deben seguir en la agenda pública. Pero esa exigencia debe partir de una comprensión clara del modelo institucional que nos rige.
La integración del INE no es ajena a la política. Nunca lo ha sido. La diferencia radica en cómo se ejerce esa política: si como un espacio de responsabilidad institucional o como una lógica de reparto.
A pocas semanas de la designación, el reto no es seguir discutiendo si el proceso debió o no ser político. El reto es otro: vigilar, evaluar y exigir que quienes hoy integran el Consejo General honren la función que les fue encomendada.
Porque, al final, la legitimidad del árbitro electoral no se define en una negociación, sino en cada decisión que impacta la vida democrática del país.
