La Fiscalía de Perú defendió este jueves el pedido de prisión preventiva por cinco meses contra la exprimera ministra Betssy Chávez, asilada por México y a la expectativa de recibir el salvoconducto que le permita viajar a ese país, durante una audiencia en la que el juez escuchó a las partes y quedó pendiente de resolver la solicitud.
El representante de la Fiscalía dijo que la prisión preventiva se considera «idónea» en este caso, ya que «la comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad», dado que Chávez ingresó a la embajada de México en Lima hace una semana, después de ser excarcelada en el proceso que se le sigue por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022.
El fiscal agregó que el «incumplimiento de todas las restricciones impuestas a la acusada Betssy Chávez», como fueron la obligación de registrar su control biométrico cada 7 días, la obligación no de ausentarse de Lima sin autorización del juzgado y la obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal en la hora y fecha que sea requerida, «demuestra irrefutablemente que infringió las reglas de conducta impuestas en su contra».
Por su parte, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, renunció a representarla por respeto a su «condición de asilada política» y a su «decisión de protegerse frente a un sistema de justicia capturado».
«No puedo convalidar un proceso arbitrario, plagado de presiones y conducido por jueces provisionales», afirmó Noblecilla en su cuenta de la red social X.
Añadió que Chávez sigue siendo «víctima de una persecución implacable pero también es símbolo de resistencia y dignidad».
Tras escuchar a las partes, el magistrado Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria señaló que comunicará su decisión en los próximos días.
El Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó el lunes de la semana pasada que Chávez se encontraba en su embajada en Lima, tras lo cual Perú anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales, que desde inicios de 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer el país norteamericano la legitimidad de la entonces presidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025), quien reemplazó a Castillo.
En su último pronunciamiento sobre el asilo, el presidente de transición de Perú, José Jerí, confirmó el viernes pasado que la ex primera ministra «no podrá viajar a México» hasta que su gobierno tome una decisión sobre el salvoconducto que debe darle.
El mandatario ratificó que se tomará «el tiempo que sea pertinente y que el Gobierno de Perú determine» para anunciar una decisión final, pues su gobierno planteará a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se modifique la Convención de Caracas de 1954, por considerar que se ha tergiversado el derecho al asilo.
También la semana pasada, el Parlamento peruano declaró persona non grata a Sheinbaum, por su «inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú», una medida sin efectos tangibles más allá de la declaración, que fue rechazada por el Gobierno de México al considerar que está «motivada por planteamientos falsos».
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