La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum mediante la cual se faculta al Congreso de la Unión legislar en materia de extorsión, uno de los delitos de mayor crecimiento en años recientes.
En una sesión de sólo media hora, donde participó un diputado por cada grupo parlamentario, se avaló la modificación del inciso A, fracción 21 del Artículo 73 de la Constitución, que añade esa atribución al Congreso, por 37 votos en favor, y el dictamen será enviado a la Mesa Directiva y se espera que sea uno de los primeros temas a discutirse en el periodo ordinario de sesiones de septiembre.
Como se ha informado en este diario, aunque la extorsión ya forma parte del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el tipo penal no está homologado en los estados de la República, por lo que ese será uno de los puntos a corregir.
De igual forma, se especificará la obligación del Estado de atender a las víctimas de extorsión y perseguir de oficio este delito, sin necesidad de una denuncia de quienes lo padecen.
Durante la única ronda de intervenciones de la sesión, Laura Hernández (MC) destacó que, según estudios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo en el primer trimestre de 2025 se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión en el país, la cifra más alta en los registros históricos, con un aumento de 83 por ciento en los recientes 10 años.
Por tal razón, anunció el voto de su partido en favor de la iniciativa, pero resaltó la importancia de generar políticas públicas y herramientas jurídicas para prevenir, investigar y sancionar ese ilícito, con estricto apego a los derechos humanos.
Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, también indicó el respaldo a la iniciativa de Sheinbaum y llamó a abrir un espacio para trabajar en una ley reglamentaria que permita la colaboración efectiva entre la Federación y los estados para combatir la extorsión, sin que uno se apoye de forma excesiva en el otro, ya que esta tarea será concurrente.
También destacó que este delito puede cometerse en un punto del país y afectar a una persona en otro muy distante, a veces basado únicamente en el miedo de la víctima a ser agredida, y llamó a escuchar las opiniones de fiscales, expertos y abogados para definir cómo se castigará este fenómeno.
Irma Garay (PT) recordó que en días pasados ya se puso en marcha una estrategia nacional contra la extorsión, que propone –entre otros elementos— un protocolo de atención digna a las víctimas, por lo que la iniciativa aprobada hoy debe sumar para el combate a este delito, “eliminando los vacíos legales que pudieran impedir castigarlo severamente”.
De su lado, Maricela Silva (PVEM) indicó que, aunque en los años recientes ya se atienden las causas que originan la criminalidad, este fenómeno sigue como uno de los principales problemas de México, pues no sólo genera violencia, sino también deterioro del tejido social.
No obstante, saludó el hecho de que el gobierno de Sheinbaum “ha puesto especial énfasis en las acciones para disminuir los delitos de alto impacto”, lo que se ha traducido en una baja –de enero de 2019 a enero de 2025– de los índices de secuestro; robo a casa habitación, transeúntes y transportes, lesiones dolosas con arma de fuego y feminicidio. La extorsión, lamentó, es el único delito que ha aumentado en ese mismo periodo, en 21.1 por ciento.
Cristina Márquez, del PAN, también indicó que su partido se sumaría a la propuesta y subrayar que la reforma permitirá que se reproduzcan casos como el de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, quien fue secuestrada en Veracruz por negarse a pagar extorsión en su trabajo como taxista.
“Estamos a favor de esta reforma a la Constitución, con la encomienda de que la ley general que se derive de ella pueda contener las soluciones en torno al fortalecimiento de las instituciones que deben prevenir, detectar y sancionar la extorsión, y que los estados no se ‘cuelguen’ de la Federación o viceversa”, en vez de colaborar entre sí.
Clara Cárdenas Galván (Morena) alertó, por su parte, que la extorsión se ha magnificado por la existencia de instrumentos tecnológicos que permite a los agresores cometer este delito a distancia, y recordó que el mismo tiene dos modalidades principales: telefónica (realizada sobre todo desde los centros penitenciarios) y el llamado “cobro de piso”.
Según estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, recalcó, la inseguridad causada por la extorsión incide en el aumento de la inflación y en la pérdida del interés de los inversionistas, así como la caída del empleo y del crecimiento económico, por lo que no sólo afecta a empresas, sino también a empleados.
Unos minutos después, Ávila contestó a través de otra rueda de prensa que las acusaciones del PAN no son “nada nuevo, son paja” y se trata de una “calumnia” pensada para tratar de desacreditarlo y hacer que detenga sus acusaciones contra el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, y otros políticos involucrados en el “cártel inmobiliario”.
“Todo lo que dicen es falso. Inventan mentiras a medias para tratar de dañar mi imagen, pero no me voy a echar atrás y no me voy a callar”, enfatizó Ávila, quien dijo que la comisión especial para investigarlo “es un sueño”, mientras que la que él propuso para investigar a los panistas “sí la vamos a constituir”.
