Vidulfo Rosales Sierra, quien hasta hace unas semanas encabezaba la representación legal de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue nombrado Secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El jurista ya aparece en el directorio oficial del Máximo Tribunal, luego de renunciar tanto a la defensa del caso como a su labor en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde trabajó por 24 años.
De acuerdo con la información pública de la Corte, Rosales percibirá un sueldo bruto de 167 mil 671 pesos al mes, que después de impuestos se traduce en un ingreso neto de 118 mil 138 pesos, además de diversas prestaciones como aguinaldo, seguro de gastos médicos mayores, prima quinquenal y aportaciones para el retiro. Su nombramiento lo ubica en el rango A dentro de la estructura administrativa del Poder Judicial.
El cambio de rumbo profesional ha generado reacciones encontradas. Felipe de la Cruz, vocero de 19 padres y madres de los normalistas, anunció que ese grupo desconoce a Rosales y a Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, como representantes legales, acusándolos de no lograr avances sustanciales en más de diez años de litigio. Adelantó que solicitarán a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) designar un nuevo abogado para dar seguimiento a la investigación.
Rosales, por su parte, había informado en agosto que aceptaba la invitación de la Corte tras un proceso de reflexión personal y profesional. Señaló que su decisión no implicaba renunciar a la memoria del caso Ayotzinapa, sino abrir un nuevo capítulo en su trayectoria dentro del ámbito de la justicia.
El caso Ayotzinapa continúa siendo uno de los mayores desafíos para el Estado mexicano. A más de una década de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, las investigaciones han sido cuestionadas por la llamada “verdad histórica” y por la falta de resultados contundentes. La salida de Rosales de la defensa marca un giro en el acompañamiento legal de las familias y abre una etapa distinta, ahora con su incorporación al más alto órgano judicial del país.
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