Carlos Manzo no es un nombre que debamos olvidar rápidamente en la vorágine de las noticias del país. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, es la más reciente manifestación de la violencia política que existe en México. Esta es una problemática de la que todas las personas deberíamos estar hablando.
El informe “Votar entre balas: Entendiendo la violencia político-criminal en México” elaborado por Animal Político, Data Cívica y México Evalúa[i] nos da noticia de las amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de los procesos electorales. A esto le denominaron violencia político-criminal.
Conforme al estudio en comento, en 2024 se registraron 661 personas e instalaciones atacadas. Un incremento del 16% respecto de 2023, año en que la cifra ascendió a 570.
De acuerdo con el informe, la mayoría de las víctimas ocupaban o competían por puestos a nivel municipal. El 77.9% de las personas e instalaciones atacadas fueron de ese nivel de gobierno.
El estado que más agresiones reportó fue Guerrero, con el 10.9%. seguido de Veracruz, Guanajuato y Oaxaca. En total, las cuatro entidades concentran el 37.1% de los registros.
En similares términos se encuentra el “Informe final de Violencia Electoral en México. Proceso 2023-2024” elaborado por Laboratorio Electoral[ii]. En este se advierte que mayo de 2024 fue el mes más violento del proceso electoral, con 116 eventos. En ese mismo periodo, según los datos de este estudio, se reportaron 34 asesinatos. Y de igual manera, refiere que las agresiones a personas que buscaban cargos públicos se concentraron en lo municipal, con un 76% del total.
Los informes citados nos indican que las agresiones son sufridas por todas las corrientes políticas. No hay distinción por colores partidistas para ser víctimas de atentados, amenazas o asesinatos.
Si bien tenemos estos números, no podemos dejar de lado que seguimos sin cifras oficiales sobre el fenómeno de la violencia política. Desde las instituciones del Estado mexicano no se ha profundizado en una estrategia para blindar, no solamente los procesos electorales, sino el ejercicio mismo de los cargos públicos.
Para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral emitió un protocolo para prevenir factores de riesgo. Asimismo, en diversos precedentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la autoridad administrativa electoral emitir protocolos de seguridad. Sin embargo, esta no es una tarea que deban efectuar las autoridades electorales, sino que compete a las instituciones de seguridad pública.
Como indiqué al inicio, el nombre de Carlos Manzo no es uno que debamos olvidar. Tampoco es una estadística. Exigir justicia por su asesinato no es hacer politiquería o lucrar con la tragedia, sino un reclamo social que la clase gobernante de este país y todos los partidos políticos deben atender.
La violencia política es real, no podemos minimizarla. Pretender hacerlo, a partir de un debate partidista, es invisibilizar las historias de las víctimas y sobrevivientes. Todas las personas debemos hablar de lo que pasó en Uruapan y de Carlos Manzo. Tenemos que rendir homenaje a quienes, con su vida, apostaron por un país que necesita sanar y apoyar la construcción de la cultura de la paz y la justicia.
Por: Santiago Chablé
