En México, el reloj de la modernización gubernamental avanza sin pausa. La reciente eliminación del INAI ha sacudido el debate sobre el acceso a la información y la protección de datos personales, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum apuesta por la digitalización masiva de trámites.
Seamos claros: menos burocracia es una buena noticia. El anuncio de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones suena prometedor. Se habla de que el 80% de los trámites gubernamentales serán digitales, lo que en teoría significa menos filas, menos papeles y menos corrupción.
Porque, seamos honestos, ¿quién no ha sentido la desesperación de perder horas (o días) en oficinas públicas, lidiando con trámites que parecen diseñados para agotarnos? En un país donde la burocracia ha sido un caldo de cultivo para la corrupción, la digitalización no solo es una modernización, es una necesidad urgente.
Las razones del gobierno para eliminar el INAI
La eliminación del INAI ha generado inquietudes legítimas sobre la transparencia, pero el gobierno ha defendido la decisión con argumentos que vale la pena analizar:
- Eficiencia y austeridad republicana
- La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el INAI representaba un alto costo para el erario público, sin que sus resultados fueran totalmente eficientes.
- La apuesta es que la transparencia se maneje desde las propias dependencias gubernamentales, sin necesidad de un organismo intermedio que burocratice el acceso a la información.
- Fortalecimiento de la transparencia desde el Poder Ejecutivo
- El argumento oficial es que el acceso a la información no desaparecerá, sino que será gestionado de manera más directa por cada institución pública.
- Se busca evitar que el derecho a la información dependa de trámites largos y burocráticos.
- Combate a la corrupción de raíz
- Se ha dicho que el INAI, a pesar de su misión, no evitó numerosos actos de corrupción en administraciones pasadas.
- La visión del gobierno es que la transparencia debe ser una práctica de las instituciones públicas, no una obligación impuesta por un organismo externo.
¿Dónde queda la transparencia?
Pero aquí está el dilema. La transparencia no es solo cuestión de velocidad, sino de acceso real a la información. Con la desaparición del INAI, la pregunta no es menor: ¿quién garantizará que los datos del gobierno sean accesibles para todos?
El gobierno ha asegurado que la digitalización será segura y eficiente. Se ha anunciado Llave MX, un mecanismo de autenticación único que permitirá gestionar trámites de manera más ágil y con protección reforzada. Además, la Ley Federal de Protección de Datos Personales sigue vigente, lo que significa que las dependencias públicas siguen obligadas a garantizar la privacidad de los ciudadanos.
El discurso es claro: la información seguirá disponible, pero de manera más directa y sin intermediarios. La pregunta es, ¿realmente será así?
Velocidad vs. Accesibilidad
Que la digitalización agilice trámites no significa automáticamente que la información será más accesible. Si el acceso a datos se convierte en un proceso técnico y complicado, entonces lo que estamos viendo no es una evolución de la transparencia, sino su digitalización encriptada.
México ha sido catalogado como uno de los países con mayor percepción de corrupción en América Latina. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los trámites digitales reducen en un 74% el tiempo de espera y minimizan las oportunidades de corrupción. Eso es un hecho. Pero la transparencia no puede depender solo de algoritmos y plataformas, sino de un compromiso firme con la rendición de cuentas.
Una transformación con vigilancia ciudadana
Aquí es donde entramos nosotros. La digitalización es el futuro, pero la transparencia sigue siendo un derecho que debemos exigir. El gobierno ha prometido que este nuevo modelo será más eficiente y menos burocrático. Nos toca a los ciudadanos vigilar que también sea más claro y accesible.
Si los nuevos mecanismos funcionan sin opacidad y garantizan el acceso a la información pública, México podrá dar un paso adelante en la modernización gubernamental. Pero si se convierten en un laberinto digital, entonces lo que hemos perdido no es un instituto, sino la posibilidad de saber en qué se gasta nuestro dinero y cómo se toman las decisiones que nos afectan.
Que la información esté a un clic de distancia no significa que esté realmente al alcance de todos. La digitalización puede ser un gran avance, pero la transparencia no puede ser solo más rápida: tiene que ser más clara.
Y esa, amigos y amigas, es una batalla que no se libra en la tecnología, sino en la conciencia ciudadana.
Por: Graciela Bravata
