La organización El Poder del Consumidor (EPC) ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para pedir la suspensión y cancelación de las tradicionalmente festivas “Caravanas Navideñas” organizadas por Coca-Cola.
Según su argumento, estos desfiles —que recorren calles con camiones iluminados, personajes animados y figuras navideñas— constituyen una estrategia publicitaria agresiva e ilegal enfocada en la infancia.
De acuerdo con EPC, la protesta se fundamenta en posibles violaciones al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, que prohíbe el uso de personajes infantiles, animaciones o símbolos dirigidos a menores en la promoción de productos que llevan sellos de advertencia. En su denuncia, el abogado de la organización, Javier Zúñiga, recordó que, por ejemplo, la presencia de Santa Claus o animaciones alrededor de bebidas con sellos está expresamente prohibida por la normativa vigente.
Alegatos y preocupaciones por salud
Según EPC, las caravanas utilizan figuras como osos polares, árboles de Navidad y personajes de animación para asociar esos símbolos festivos con sus productos, lo que incrementa la lealtad hacia la marca desde edades tempranas. La organización considera que esta estrategia promocional no solo es “penetrante y bien orquestada”, sino que busca normalizar el consumo de bebidas azucaradas entre niños, niñas y adolescentes.
Liliana Bahena, coordinadora de EPC, advirtió que estas campañas publicitarias se vinculan con graves problemas de salud pública: en México se consumen en promedio 163 litros de refresco por persona al año, según datos que la organización cita, y ese consumo estaría relacionado con 40 mil muertes anuales por enfermedades asociadas. Además, señalan que más del 90 % de la infancia consume este tipo de bebidas de forma habitual, lo cual incrementa el riesgo de obesidad, diabetes y otros padecimientos.
Petición a Cofepris y antecedentes del conflicto
EPC solicita medidas precautorias inmediatas para detener las caravanas, ya que estima que perpetuar estos desfiles implicaría autorizar publicidad ilegal. Según su postura, el permitir estos eventos sería un incumplimiento de la regulación sanitaria, al dar cabida a anuncios disfrazados de entretenimiento familiar.
No es la primera vez que lanzan advertencias: desde 2023 han demandado la cancelación de las caravanas ante diversas autoridades, sin obtener respuestas satisfactorias, lo que ha generado preocupación por el “desdén persistente” hacia los derechos de la niñez.
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