Los senadores oficialistas aprobaron la reforma a la ley de trasparencia para que las funciones del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pasen a la recién creada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
La iniciativa fue aprobada en lo general por 71 votos a favor y 21 en contra y sin ningún cambio a la propuesta original que establece que se sustituye al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.
Estas reformas secundarias buscan homologar reglas, principios, bases, procedimientos y mecanismos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; además, rediseña las autoridades responsables de garantizar ese ejercicio de información.
La oposición, en contra
El senador del PRI Rolando Rodrigo Zapata Bello resaltó que la reforma es un retroceso en el compromiso con la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, ya que no se trata de un simple ajuste legislativo, sino de una transformación profunda que amenaza los cimientos del sistema democrático.
“El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, con todas sus luces y sombras propias de cualquier institución pública se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción y en una herramienta clave para la participación ciudadana. Inclusive el partido en el poder, cuando fue oposición, utilizó el acceso a la información para exigir transparencia y buscar la verdad en las acciones del gobierno, hoy eso ha sido sepultado. ¿Acaso la necesidad de rendición de cuentas desaparece cuando se llega al poder?
“La respuesta es abrumadoramente clara, la transparencia se ha convertido en un obstáculo para quienes detentan el poder y se elimina con una ligereza política que contrasta dolorosamente con el discurso que durante tiempo se profesó”, afirmó.
Por su parte, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo enfatizó que ésta es una reforma histórica que pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de la democracia: la transparencia.
“Dicha reforma representa un retroceso significativo en materia de acceso a la información y rendición de cuentas y tiene consecuencias muy graves”, puntualizó.
La reforma será enviada a la Cámara de Diputados para sus efectos legislativos y posterior discusión en el Pleno de San Lázaro, la cual se prevé se realice la próxima semana.
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AM
