Recortes presupuestales, adeudos e incapacidad para llevar a cabo sus funciones operativas son algunos de los problemas que enfrentan los institutos electorales de los 17 estados en los que, además de la elección judicial federal, habrá comicios para elegir a sus jueces locales.
La situación es crítica en los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de seis entidades: Zacatecas, Colima, San Luis Potosí (clasificados por el INE como “de alto riesgo presupuestal”); Tamaulipas, Ciudad de México y Quintana Roo (clasificadas como de “riesgo medio”).
De acuerdo con la reforma constitucional al Poder Judicial, todo el país tendrá proceso electoral el próximo 1º de junio para elegir 881 cargos del Poder Judicial Federal, pero adicionalmente 17 entidades reformaron sus constituciones locales para elegir a sus magistrados y jueces locales.
Se trata de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas.
Entidades a las que se podría sumar Nayarit, que reformó su constitución local el 27 de enero pasado, pero no alcanzó a ser considerada por el INE, por un acuerdo que puso un plazo a las actividades de los procesos locales.
Institutos electorales quebrados
De acuerdo con el más reciente Informe sobre la Situación Presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), presentado ante el Consejo General del INE, en la mayor parte de las entidades los Congresos locales -donde Morena y aliados tienen mayoría- hicieron reducciones a los presupuestos solicitados por la autoridad electoral.
Los casos de estados que tienen elección judicial local con los recortes más drásticos son: Colima, con una reducción del 68.9% respecto a lo solicitado; San Luis Potosí (67.8%), Zacatecas (65.9%), Tamaulipas (53.9%), Aguascalientes (31.2%), Ciudad de México (29.2%), Veracruz (24.5%), Quintana Roo (23.9%), Estado de México (18.5%) y Tabasco (12.8%).
Los siete estados con elección judicial local en donde los recortes a los OPLE fueron mínimos o no existieron son Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Michoacán, Sonora y Tlaxcala.
Además, el informe clasifica las 32 entidades en tres niveles de riesgo presupuestal, con cuatro en riesgo alto y siete en riesgo medio. De esas 11 entidades en riesgo, seis tendrán elección judicial local el 1º de junio: Zacatecas, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ciudad de México y Quintana Roo.
“Para clasificar a los OPL en riesgo alto o medio, adicional al porcentaje de recorte en los decretos de egresos, también se consideran los antecedentes relevantes del ejercicio presupuestal 2024, así como el mandato constitucional para organizar elecciones de los poderes judiciales locales en 2025”, indica el informe, que será actualizado al Consejo General del INE a finales de febrero.
Como ejemplo de la situación crítica que enfrentan estos organismos, en el caso de Zacatecas el informe destaca que el OPLE sufrió un recorte presupuestal del 33.8% en 2024, y en 2025 del 65.9%.
Es el único OPLE que mantiene un adeudo con el INE por los convenios de colaboración firmados para sacar adelante la elección local concurrente de 2024, el cual asciende a 6.5 millones de pesos.
En el caso de Colima la situación es tan crítica, que el OPLE tuvo que impugnar el presupuesto de egresos del estado ante el Tribunal Electoral local, declarándose impedido para cumplir con sus funciones constitucionales.
En la Ciudad de México, donde se prevé la elección de cientos cargos judiciales locales, la situación es de “riesgo medio”, pues el OPLE contará con un presupuesto de 2 mil 153 millones de pesos, que no contempla más de 883 millones solicitados para organizar la elección judicial local.
“Al respecto la consejera presidenta señaló que las condiciones no son las óptimas para realizar los compromisos que se les asignaron como la elección de personas juzgadoras, no obstante, se comprometió a buscar el cómo sí cumplir, llevar a cabo las acciones sin pretexto, y en aquellas actividades que se restringieron o estarán a la espera como las actividades preparatorias para la consulta del presupuesto participativo 2026 y 2027, o bien para una iniciativa ciudadana emergente, en su momento se analizará la posibilidad de una ampliación presupuestal”, indica el informe.
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