La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó invalidar la reforma de 2020 que eliminó el fondo mínimo para la reparación del daño y atención a víctimas.
Este martes, durante la sesión del Pleno de la Corte, el ministro Giovanni Figueroa propuso emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad de la reforma que estableció que la reparación del daño a las víctimas del delito se obtendrá de una parte de la venta de bienes decomisados.
En su exposición, el ministro Figueroa explicó que, en un juicio de amparo, la extinta Primera Sala de la Corte declaró que dicha reforma fue regresiva e injustificada porque eliminó la garantía de destinar un porcentaje mínimo del presupuesto de Egresos de la Federación a la reparación del daño de las víctimas y otros apoyos que recibían.
En su sentencia, la Primera Sala concedió al Congreso 90 días para corregir la reforma y ajustarla a los estándares internacionales de protección de derechos humanos.
“Al reunirse los requisitos para ello, propongo a este Tribunal Pleno, avalar las consideraciones establecidas en el amparo en revisión 675/2022 y al haber transcurrido los 90 días sin que el Congreso de la Unión haya subsanado el problema, declarar con efectos generales la inconstitucionalidad del artículo 132, fracción I de la ley antes mencionada, publicada mediante decreto, en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de noviembre de 2020”, señaló el ministro Figueroa.
Sin embargo, el proyecto sólo fue apoyado por 5 ministros de los 6 votos necesarios para invalidar la reforma.
Los otros cuatro ministros -Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa y Estela Ríos- afirmaron que la reforma es constitucional, por lo que continuará vigente pues, añadieron, que si la Corte invalidaba la reforma implicaría revivir el fideicomiso eliminado por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El amparo referido por el ministro Figueroa en su proyecto de resolución fue tramitado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y la declaratoria general de inconstitucionalidad también.
Cuestionan coherencia y estabilidad de la SCJN
Luego de que la Corte emitiera esta nueva resolución, el Centro Pro externó su preocupación sobre el resultado de la sesión.
“Preocupa particularmente que el Pleno de la nueva Corte decidió ir más allá de la discusión de la declaratoria general de inconstitucionalidad, reabriendo el fondo del mencionado Amparo en Revisión, al analizar la constitucionalidad de la reforma, asunto que ya había sido discutido por la Primera Sala de SCJN. Esta práctica es violatoria del principio de seguridad jurídica y contraviene la figura de ‘cosa juzgada’, al reabrir discusiones que jurídicamente debían considerarse agotadas. Esta tendencia debilita la coherencia y estabilidad de las decisiones judiciales de la SCJN”, afirmó la organización.
“Resulta particularmente alarmante que, durante la discusión, las ministras y ministros que votaron en contra del proyecto centraron parte de su argumentación en la discusión sobre temas tangenciales, como la operatividad del mecanismo financiero que llevó a la reforma, es decir, la eliminación de un fideicomiso. Esto en lugar de enfocarse en la esencia del debate: que la reforma era contraria al principio de progresividad de los derechos, al eliminar una garantía presupuestal que otorgaba seguridad y certeza respecto de las capacidades del Estado para atender, asistir y reparar a las víctimas”.
El Centro Pro dio a conocer que la reforma que la Corte acaba de avalar ha tenido un impacto directo y negativo en las víctimas, pues indicó que desde el 2022 en ningún año se alcanzó el 0.014% del gasto programable y recordó que para el 2025 el PEF establece un monto de 692 millones de pesos para la reparación del daño a las víctimas pese a que, para cumplir con la garantía del mínimo presupuestal, debían ser destinados 913 millones de pesos.
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