Un juez de control en México dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a 11 exmilitares colombianos acusados de participar en un ataque con explosivos artesanales contra el Ejército mexicano, que resultó en la muerte de ocho soldados en mayo pasado.
Según confirmó a Infobae la Fiscalía General de la República (FGR), los detenidos enfrentan cargos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La audiencia, que se extendió por 20 horas, tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Infobae México, los exmilitares colombianos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 17, ubicado en Buenavista Tomatlán, en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Las investigaciones señalan que los acusados habrían ingresado a México el año pasado y que su detención se produjo tras un operativo federal en el municipio de Los Reyes, Michoacán, a finales de mayo.
Durante dicho operativo, las fuerzas de seguridad capturaron a 17 presuntos sicarios, de los cuales 11 fueron identificados como exmilitares colombianos. En el lugar, las autoridades confiscaron un arsenal que incluía réplicas de armas largas, cargadores, cartuchos, 41 artefactos explosivos, una caja con explosivos, una cubeta con pólvora negra, 13 placas balísticas, dos cascos balísticos y un chaleco táctico.
Este material, según las autoridades, habría sido utilizado en el ataque que cobró la vida de los militares mexicanos mediante la detonación de una mina terrestre.
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que entre los detenidos hay 12 ciudadanos colombianos, de los cuales 11 tienen antecedentes como miembros de las fuerzas militares de ese país.
En un comunicado, la cancillería colombiana destacó la preocupación por lo que describió como “un creciente fenómeno de cooptación de personal con formación militar para integrar estructuras criminales, sirviendo como mercenarios”.
Este fenómeno, según las autoridades colombianas, ha permitido que individuos con entrenamiento especializado sean reclutados por organizaciones delictivas en el extranjero.
El ataque que derivó en estas detenciones ocurrió en los límites entre los estados de Michoacán y Jalisco, una región que ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad.
La explosión de la mina terrestre, que acabó con la vida de los ocho militares, marcó un nuevo nivel de sofisticación en las tácticas empleadas por los grupos delictivos en México, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
La presencia de colombianos vinculados a actividades delictivas en Michoacán no es un fenómeno reciente. Según reportes previos, ciudadanos de ese país han estado involucrados en actividades ilícitas en la región durante más de una década.
Sin embargo, la participación de exmilitares con entrenamiento especializado representa un desafío adicional para las autoridades mexicanas, que enfrentan una creciente complejidad en las operaciones de los grupos criminales.
Las autoridades mexicanas detallaron que continúan investigando el alcance de esta red y su posible conexión con otros incidentes violentos en el país. Por su parte, el gobierno colombiano ha reiterado su disposición para colaborar en las investigaciones y en el combate a este tipo de fenómenos que afectan la seguridad de ambas naciones.
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