La reciente reforma laboral que regula el trabajo en plataformas digitales continúa generando impactos tanto entre repartidores y conductores como entre los usuarios. Una de las consecuencias más visibles ocurrió este 16 de julio, cuando Uber anunció un incremento de hasta 7 % en sus tarifas, medida que desató una fuerte reacción por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). La dependencia acusó a la empresa de romper el acuerdo previamente establecido para no elevar costos ni afectar a los consumidores, especialmente durante la fase piloto del nuevo modelo laboral iniciado el 1º de julio de 2025.
De acuerdo con el boletín 28/25 de la STPS, Uber, junto con otras plataformas, había acordado explícitamente no modificar sus tarifas durante la implementación del programa, el cual fue construido de manera consensuada con las empresas. Pese a ello, conductores y repartidores comenzaron a compartir en redes sociales capturas de pantalla de mensajes enviados por Uber, donde se informaba sobre el aumento con el argumento de “proteger sus ganancias actuales”. Según estos mensajes, el alza está destinada a cubrir los costos derivados de la reforma laboral y será visible para el usuario en el recibo del viaje como “Cuota de solicitud + Ajuste al usuario por la ley laboral”.
Esta comunicación generó reacciones inmediatas en plataformas como Facebook, donde usuarios como Crashday Iori Kof mostraron cómo ya aparece desglosado el nuevo cargo dentro del sistema de la aplicación. Ante esto, la STPS calificó el aumento como “unilateral e irresponsable” al considerar que no existe todavía una estimación precisa sobre el impacto real en los costos operativos ni sobre el número de trabajadores que se incorporarán al régimen de seguridad social. Además, cuestionó que el modelo de negocios de Uber dependa en gran medida de los recursos de los propios trabajadores, quienes asumen los costos de herramientas y equipos sin apoyo directo de la empresa.
Frente a este escenario, la dependencia anunció que, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se desplegarán operativos en todo el país para verificar posibles violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). Advirtieron que cualquier política tarifaria injustificada será sancionada, y exhortaron a las plataformas a evitar prácticas que afecten la economía de las familias.
Ese mismo 16 de julio, Profeco recordó a Uber su obligación de respetar el artículo 7º de la LFPC, que establece que todo proveedor debe informar con claridad y anticipación sobre cualquier cambio en precios, tarifas o condiciones. El organismo recalcó que los consumidores tienen derecho a decidir si aceptan o no las nuevas condiciones de servicio, por lo que cualquier ajuste debe ser comunicado de manera previa y transparente.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado si el incremento ya es generalizado para todos los usuarios de la plataforma, más allá de los reportes individuales en redes sociales. La situación mantiene el foco en la tensión entre la implementación de la reforma laboral y las estrategias de adaptación de las plataformas digitales, en medio del escrutinio de las autoridades federales.
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KCQ
