El estigma sobre el aborto prevalece en instituciones sanitarias en México y pone en riesgo la vida de las mujeres y personas gestantes, por lo que urge abordarlo como un servicio médico y no como un delito sujeto a condiciones legales, según dijo personal de salud, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Después de 18 años de la despenalización del aborto libre hasta las 12 semanas en Ciudad de México, para la ginecobstetra Karla Figueroa, el estigma y la criminalización social siguen generando temor entre el personal de salud.
“Es por eso que muchos prefieren no brindarlo (el aborto) o declararse objetores de conciencia (figura en las leyes para negarse a ciertos procedimientos) o empezar a hacer pausas y retrasar el servicio para intentar pasarlo a otro lugar”, expuso Figueroa.
Sumado a ello, la falta de recursos y medicamentos, provoca demoras en la atención, con esperas de varios días para un servicio, lo que lleva a las mexicanas a buscar alternativas privadas “para garantizar este derecho”, señaló la fundadora de Gineclinic en Ciudad de México.
La capital mexicana despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas en 2007, y desde 2019, 21 estados más le han seguido el paso, aunque en todo el país está permitido en casos de violación y es inconstitucional criminalizar la decisión de abortar, según la Suprema Corte.
Pero la desinformación hace que muchas mujeres sigan viajando a la capital en busca de un procedimiento seguro, que no todas pueden conseguir, advirtió Figueroa.
Eliminar prejuicios del aborto
María Eréndira Itami Sordo, médica ginecobstetra, coincidió en la urgencia de la capacitación y sensibilización médica para eliminar los prejuicios que aumentan el riesgo de muertes maternas.
“Ninguna mujer tendría que morir por no tener un aborto seguro, con infraestructura, medicamentos y personal capacitado”, alertó Itami, integrante de Salvemos Miles de Vidas, una red de profesionales de la salud a favor del aborto legal y en defensa de la salud en México.
Por ello, Itami, médica tanto en consulta privada, como en el Instituto de Seguridad y Sevricios Social del Estado (ISSSTE), hizo un llamado a tratar el aborto seguro “como cualquier problema de salud, sin cuestionar absolutamente nada, sin poner absolutamente ninguna barrera” que pueda generar complicaciones en la salud de las personas gestantes.
En el estado de Michoacán, que recién despenalizó el aborto, la psicóloga Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, también demandó que deje de tratarse al aborto como un delito, desde la formación en las universidades.
“Desde que están en las universidades es importante abonar y abordar este tema del aborto como un servicio de salud, con una visión de salud pública, con un abordaje de derecho”, señaló Cárdenas, de la misma red.
Este abordaje sin prejuicios ni estigma sí es posible en el sistema de salud público del país, resaltó Georgina Díaz Orozco, ginecobstetra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encargada en implementar la primera sala ‘Código Mariposa’ para quienes han vivido un aborto en el Hospital de Maternidad en Guadalajara, Jalisco.
Sin embargo, apuntó que “de nada sirve que tengamos servicios de muy buena calidad de Ciudad de México y en los Estados que vamos despenalizando, si todavía tenemos historias de terror” por el estigma.
Las profesionales de la salud también coincidieron en la necesidad de eliminar los plazos “limitados” para abortar, que ponen en peligro a las más vulnerables, quienes ante los retrasos en el servicio pueden acudir a procedimientos inseguros.
“Las personas que legislan crean estas leyes desde sus prejuicios, desde su moralidad, desde las religiones y consideran que 12 semanas debe ser como el momento ideal, cuando sinceramente, es exactamente lo mismo interrumpir un embarazo más allá de las 12, 13(…) 14 semanas(…) las conexiones neuronales se establecen hasta las 24 semanas”, zanjó Figueroa.
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