El Plan México tiene como uno de sus principales objetivos que nuestra nación esté en el top 10 de las economías del mundo, a partir de diversas acciones que fortalecerán el mercado interno y nuestra participación en el marco internacional. Una de las metas planteadas busca que 50% de la proveeduría de las empresas en sectores estratégicos y de las compras del gobierno sean hechos en México. ¿Esto es posible? ¿cuáles han sido los obstáculos para avanzar?
Un primer paso para alcanzar este objetivo es garantizar el pago en plazos justos para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) proveedoras, algo que actualmente no se está haciendo. El 99.8 % de las empresas en México son MIPYMES y 60% de ellas tienen entre sus clientes a otras empresas. Sin embargo, el sector empresarial, puede aplicar políticas de pago a proveedores con plazos de 60, 90, 120 180 días o incluso mayores; entre más grande y poderosa es la empresa mayor plazo.
Según la Radiografía del Emprendedor 2024 que cada año presenta la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), las empresas B2B que son precisamente las que venden servicios a otras empresas se ven muy afectadas por el atraso en pagos. Una de cada 3 empresas tiene pagos atrasados, valor que aumenta hasta 43% entre las proveedoras de grandes empresas.
Según otro análisis realizado por el TEC de Monterrey, 18% de las MIPYMES ha iniciado algún tipo de proceso legal por pago tardío, pero sólo 8% de estas ha logrado recuperar el total de sus facturas. Tanto los largos plazos de pago como los gastos que implica su cobranza influyen en las dificultades para tener un buen nivel de liquidez o de capital de trabajo y es el motivo principal de fracaso identificado en 2024.
Para el caso de las empresas proveedoras de las instituciones públicas ya existen criterios en la ley para promover el pago en un máximo de 20 días naturales, esto está establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, más ha sido letra muerta porque más de 40% de las empresas con clientes gubernamentales enfrentan pagos atrasados; el caso más sonado es el de PEMEX con una deuda de más de $400 mil millones, según los estados financieros de septiembre de 2024.
Tanto en el Senado como en cámara de diputados se han presentado iniciativas para determinar plazos justos para el pago a proveedores en el sector privado; sin embargo, ninguna se ha aprobado en pleno. En Europa hay normatividad en materia de morosidad para pagos obligatorios de 60 días dese hace muchos años, y recientemente encontraron evidencia de que 1 de cada 4 empresas quiebra por falta de pago de sus clientes; por tanto, autorizaron una reducción del plazo de 60 a 30 días, con sus correspondientes cobros automáticos de los gastos moratorios.
En Estados Unidos además de que hay reglas para asegurar el pago normal de 30 días contra trabajo realizado, en 2022 hicieron enmiendas para hacer solidariamente responsable a las empresas grandes por las MIPYMES proveedoras, esto en el caso de que no logren acreditar oportunamente el pago íntegro por bienes o servicios entregados.
Si logramos establecer pagos justos para los pequeños negocios podríamos aumentar la proveeduría nacional tanto en el sector privado como en el público, porque automáticamente se aumentan los flujos de efectivo de al menos la mitad de las empresas que tienen como clientes a otras empresas. Por eso la insistencia que sólo poniendo a las MIPYMES en el centro de las decisiones económicas de México podremos lograr un mayor desarrollo y mejorar el entorno para hacer negocios en nuestro país.
