El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) ha aplaudido la decisión de México de prohibir las denominadas «terapias de conversión» para personas LGBTQ+, tras la entrada en vigor de la ley el pasado fin de semana.
Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, elogió este paso al declarar: «La decisión de México de poner fin a esta práctica nociva contribuirá a garantizar la salud pública. Todos los países deberían seguir el ejemplo de México».
La nueva ley, ratificada por la Cámara de Diputados y el Senado mexicanos, contempla penas de prisión de dos a seis años para quienes realicen estas «terapias de conversión sexual», cuyo objetivo es obligar a las personas a cambiar su orientación sexual o identidad de género.
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En casos donde el autor del delito sea el padre, madre o tutor de la víctima, las sanciones se aplicarán a consideración del juez. Además, si el victimario tiene una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique subordinación de la víctima, o se vale de su función pública, será castigado con destitución e inhabilitación para ejercer el cargo por un tiempo igual a la pena impuesta.
Expertos en salud y derechos humanos han condenado estas «terapias de conversión» por causar graves trastornos psicológicos. En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que carecen de justificación médica y representan una grave amenaza para la salud y los derechos humanos.
«Las prácticas estigmatizantes perjudican la salud pública. Garantizar la inclusión, la aceptación y el respeto de los derechos humanos de todas las personas es vital para proteger la salud de cada una. El estigma mata y la solidaridad salva vidas», sentenció Cabal.
Esta prohibición se suma a los avances legales para la diversidad sexual en México, donde según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 5 millones de personas se identifican oficialmente como parte de la comunidad LGBTQ+.
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KCQ