Ante la ola de homicidios que hay en México, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIHD) ‘Lex-magister’ exigió a las autoridades mexicanas de los tres órganos de gobierno a investigar de «manera adecuada» los homicidios cometidos en el país, principalmente los relacionados con el crimen organizado.
“El sistema de justicia penal mexicano mantiene graves errores en la investigación de homicidios, mismos que arrojan datos contradictorios en la cuantificación y clasificación de delitos en todo el territorio nacional”, señaló en un comunicado Jesús Rey Fierro Hernández, presidente del GIDH.
El también doctor en derecho recordó que México mantiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con casi 25 homicidios por cada 100,000 habitantes según cifras oficiales de 2024.
“Entre 2010 y 2024, las fiscalías estatales abrieron alrededor de 300,000 investigaciones por homicidio doloso, pero solo 51,000 casos llegaron a la fase de proceso penal, es decir, apenas el 17 %”, advirtió.
Afirmó que estos crímenes están vinculados a la lucha entre grupos criminales por el control del narcotráfico y otros delitos y no a delitos del fuero local o menores.
Asimismo, dijo que muchas de las investigaciones no avanzan debido a la falta de recursos, la sobrecarga de trabajo en las fiscalías y la escasa coordinación entre instituciones.
“En muchos casos, las familias de las víctimas enfrentan obstáculos como la corrupción, estigmatización y la exigencia de sobornos para que se investiguen los asesinatos”, argumentó.
Indicó que hay muchos reportes, principalmente en las diferentes entidades del país, en donde se exponen amenazas al exigir justicia ante presuntos homicidios donde participan sicarios de grupos delincuenciales organizados.
“Cuando los homicidios llegan a juicio, las pruebas suelen ser débiles, fabricadas o basadas en confesiones obtenidas mediante tortura”, indicó.
En este sentido, precisó que una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que el 40 % de las personas encarceladas por homicidio desde 2016 afirmaron haber sido golpeadas o torturadas para que se declararan culpables.
Aunado a ello, explicó que la falta de independencia judicial impide que los jueces puedan actuar sin presiones políticas, lo que agrava la crisis de impunidad.
“Por otro lado, las autoridades suelen asumir que las víctimas de homicidio estaban involucradas en actividades criminales”, zanjó.
Del mismo modo, recordó que las próximas elecciones judiciales, que se celebrarán el 1 de junio, y en donde serán elegidos por voto popular, entre otros puestos, jueces y magistrados, “podría debilitar aún más la independencia” de este poder.
Por ello, dijo, es preciso crear un plan estratégico para la persecución penal, que priorice la desarticulación de los grupos criminales responsables de homicidios y otros delitos.
“Al tiempo de solicitar una mejor supervisión ante fallas en las fiscalías a través de mecanismos independientes que permitan a ciudadanos y organizaciones civiles denunciar irregularidades”, concluyó.
México cerró 2024 con un total de 30,057 homicidios dolosos, un incremento interanual del 1,2 %, equivalente a 344 casos más respecto a los 29,713 registrados en 2023, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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