El hombre armado que asesinó a 23 personas en un ataque racista contra compradores de origen hispano en un Walmart de El Paso, cerca de la frontera entre Texas y México, en 2019, evitaría la pena de muerte gracias a un acuerdo de culpabilidad dado a conocer el miércoles, el cual pone un abrupto fin a los años de esfuerzos de la fiscalía para que el acusado fuera ejecutado mediante una inyección letal.
El fiscal de distrito del condado de El Paso, James Montoya, señaló durante una conferencia de prensa que su decisión en el proceso legal contra Patrick Crusius, que atravesó el estado en auto para perpetrar una de las peores masacres en la historia de Estados Unidos y publicó una perorata racista antes de comenzar a disparar, se vio impulsada por los familiares de las víctimas que querían dejar el caso atrás.
«Esto se trata de permitir que las familias de las 23 víctimas que perdieron su vida en ese terrible día —y los 22 heridos— finalmente tengan una resolución en nuestro sistema judicial», señaló Montoya en un comunicado.
«Ahora, nadie en esta comunidad tendrá que volver a oír el nombre del autor nunca más», añadió. «No más audiencias. No más apelaciones. Morirá en prisión».
Pero Montoya también admitió en la conferencia de prensa que no todas las familias estaban de acuerdo con la decisión de su oficina, la cual se había comprometido durante la gestión anterior a llevar el caso a juicio y buscar la pena de muerte.
Adria Gonzalez, una sobreviviente que ayudó a compradores asustados a dirigirse a las salidas, comentó que siente que no ir tras una pena de muerte es una «bofetada en la cara de todas las víctimas».
De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, Montoya dijo que Crusius se declararía culpable de asesinato punible con la pena de muerte y recibiría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La audiencia de declaración de culpabilidad y de sentencia está programada para el 21 de abril, dijo Montoya, y las familias podrán entregarle declaraciones sobre el impacto que sufrieron las víctimas.
Mark Stevens, un abogado de Crusius, no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.
Crusius, de 26 años, ya fue condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas a nivel federal tras declararse culpable en 2023 de cargos de delitos de odio. Bajo el gobierno del expresidente Joe Biden, los fiscales federales también retiraron la pena de muerte de la mesa.
Montoya dijo que está a favor de la pena de muerte y cree que Crusius la merece. Pero mencionó que se reunió con los familiares de las víctimas y había un deseo predominante de concluir con el proceso, aunque algunos familiares estaban dispuestos a esperar el tiempo que fuera necesario para una sentencia de muerte.
«Simplemente me alegra que esto haya terminado», dijo Elise Hoffmann-Taus, cuyo padre, Alexander Hoffmann, fue una de las víctimas. «Este es el resultado que quería».
Montoya, un demócrata que asumió el cargo en enero después de derrotar a un republicano que fue designado por Abbott, es el cuarto fiscal de distrito que supervisa el caso.
Su predecesor, Bill Hicks, declaró tras el anuncio que, aunque había estado dispuesto a llevar el caso a juicio y a solicitar la pena de muerte, no podía culpar a Montoya por el razonamiento en que se basaba su oferta.
«No es el razonamiento que yo habría seguido», señaló Hicks. «Sé que fue muy duro para él y respeto que fuera una decisión muy difícil».
Crusius, de raza blanca, tenía 21 años y había abandonado sus estudios en un colegio comunitario cuando, según la policía, condujo más de 1.100 kilómetros (700 millas) desde su casa cerca de Dallas hasta El Paso.
Momentos después de publicar un manifiesto racista en internet en el que advertía de una «invasión» hispana en el estado, abrió fuego con un fusil de asalto estilo AK dentro y fuera de la tienda.
Crusius fue arrestado poco después del tiroteo y confesó todo a los agentes de policía que lo detuvieron en una intersección, señaló la policía.
Antes del tiroteo, Crusius parece haberse visto envuelto por el debate sobre la inmigración, y realizó publicaciones en internet en las que expresaba su apoyo a la construcción del muro fronterizo y otros mensajes que alababan las políticas fronterizas de línea dura del presidente Donald Trump, quien se encontraba en ese momento en su primer mandato. Fue más allá en la diatriba que publicó antes del ataque, diciendo que los hispanos iban a apoderarse del gobierno y la economía.
Los fiscales federales no explicaron formalmente su decisión de no buscar la pena de muerte, pero reconocieron que Crusius sufría de trastorno esquizoafectivo, el cual puede estar marcado por alucinaciones, delirios y cambios de humor.
Abbott dijo el martes tras el anuncio que pensaba que Crusius merecía morir: «Cualquier tiroteo así es para lo que sirve la pena capital».
Las edades de las personas asesinadas oscilaban entre un deportista de escuela secundaria de 15 años hasta varios abuelos. Entre las víctimas había inmigrantes, un conductor de autobús urbano jubilado, profesores, comerciantes, incluido un exobrero metalúrgico, y varios ciudadanos mexicanos que habían cruzado la frontera para ir de compras.
En 2023, Crusius acordó pagar más de 5 millones de dólares a sus víctimas. Los registros judiciales mostraron que sus abogados y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo sobre el monto de la compensación, el cual fue aprobado posteriormente por un juez federal de distrito. No había indicios de que tuviera activos significativos.
Dean Reckard, cuya madre, Margie Reckard, murió en el tiroteo, señaló que Crusius merece morir, pero es momento de poner fin al asunto.
«Nuestros seres queridos siempre serán amados y recordados como personas decentes que simplemente vivían su vida y lo hacían lo mejor que podían», afirmó. «Tenemos que hacer lo mismo. Es lo que ellos habrían querido».
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Las periodistas de The Associated Press Nadia Lathan en Austin, Texas, y Lisa Baumann en Bellingham, Washington, contribuyeron a este despacho.
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