Con la discusión en la Cámara de Diputados sobre el nuevo dictamen de la Ley General de Aguas y de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, “está en juego la gestión del agua en México”, asegura Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Durante una entrevista, señaló que dicha gestión fue “profundamente deficiente” durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en los gobiernos precedentes.
Explicó que México enfrenta desafíos específicos en la materia, como la falta de medición, la precariedad de infraestructura, las fallas en el régimen de concesiones y la ineficiencia del sector agropecuario, principal consumidor de agua.
Ocampo destacó que el proyecto inicial incluía disposiciones que generaron amplia oposición, particularmente en el sector agropecuario. Entre ellas, la separación entre la tierra y la concesión de agua, lo que impedía su transmisión en caso de venta o herencia.
“La concesión del agua no iba a incluir en esa herencia”, dijo, al señalar que en el dictamen original estaba previsto que regresara a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
También señaló la ambigüedad sobre el uso agropecuario del recurso, ya que la redacción no dejaba claro si una concesión para agricultura permitía también actividades pecuarias.
Tras la presión política y social, en particular del sector agropecuario, los legisladores realizaron 50 cambios al dictamen: la transmisibilidad de la concesión junto con la tierra, la inclusión de las concesiones en procesos sucesorios y la ambigüedad respecto al uso agropecuario. “El dictamen corrige ese error y eso es muy importante”, afirmó Ocampo.
A pesar de los avances, el especialista advirtió que se mantienen elementos problemáticos, especialmente la centralización del otorgamiento de concesiones en oficinas centrales de Conagua. Actualmente, esa función recae en 13 organismos de cuenca con presencia regional.
Para Ocampo, trasladar la facultad a la Ciudad de México limita el entendimiento de las realidades locales: “No me queda claro que sea lo óptimo tener claro cuál es la situación del agua en Baja California o cuál es la situación del agua en Campeche desde Insurgentes Sur”.
Asimismo, cuestionó que la reforma insista en prohibiciones rígidas en lugar de fortalecer verificación, medición y supervisión: “El problema de raíz tiene que ver con verificación, con supervisión, con presupuestos, con medidores, no tiene que ver necesariamente con prohibir el que de persona a persona a veces se haga una transferencia, una transmisión de derecho”.
El nuevo dictamen también modifica las sanciones. La iniciativa original planteaba multas de hasta cinco millones de pesos y diez años de cárcel, lo que Ocampo consideró desproporcionado. Ahora, las penas se reducen, y los delitos hídricos contemplan hasta cinco años de prisión por conductas como alterar el flujo de una cuenca o transmitir derechos de agua de forma ilegal.
El especialista subrayó que el verdadero reto no es normativo, sino técnico y presupuestal. Recordó que, según datos de 2020, “más o menos 93% de las concesiones no tienen un medidor registrado ante la Conagua, y más o menos 97% no han recibido una visita de verificación”.
La falta de supervisión, dijo, facilita el acaparamiento y la sobreexplotación, fenómeno que afecta cerca del 18% de los acuíferos, con otro 15% en riesgo.
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FOH
