Ayotzinapa, asunto de seguridad nacional
22 de octubre del 2019

Ayotzinapa, asunto de seguridad nacional

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Desde los hechos de Iguala en 2014, la UIF cataloga a los rojos, ardillos y guerreros unidos como amenaza.

A partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) catalogó a los cárteles de Los Rojos, Guerreros Unidos y Los Ardillos como de riesgo nacional, de acuerdo con un documento de la dependencia.
 
Estos grupos delictivos están directamente relacionados con la tragedia de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 y según la UIF, dirigida por Santiago Nieto, el delito de secuestro es su principal actividad, además de la extorsión, cobro de piso, tráfico de armas y migrantes, así como robo de hidrocarburos, narcomenudeo y narcotráfico.
 
La UIF, según el documento, reconoce que estos tres cárteles han cobrado fuerza en los últimos tres años y son parte del mapa delictivo en el que participan ocho organizaciones de amplias dimensiones, como el del Pacífico, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Juárez, Caballeros Templarios, Familia Michoacana, Zetas, así como los Beltrán Leyva y Arellano Félix.
 
Esta Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) es un ejercicio inter-institucional que permite a los países identificar, evaluar y entender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
 
La primera ENR se publicó en 2016 y se identificaron 26 riesgos, entre los que se incluye la corrupción, la economía informal y el flujo de efectivo.
 
Actualmente, la Unidad de Inteligencia Financiera realiza un análisis de la prevalencia de dichos riesgos, a fin de determinar su permanencia, así́ como la incorporación de aquellos que se detecten y que tiene que ver con empresas conocidas como Fintech.
 
Aun así, se reconocen vulnerabilidades en el sistema financiero y la economía nacional, por lo que se considera necesario reforzar todos los mecanismos que impidan el lavado de dinero, de acuerdo con la evaluación de riegos de la Secretaría de Hacienda.
 
El caso Iguala fue reclasificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como desaparición forzada, cometida por agentes del Estado. Antes, el delito que se les finacaba a los probables responsables de la desaparición de los 26 normalistas de Ayotzinapa era por secuestro.
 
Al dar un avance de este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas, así como el fiscal Especial, Omar Gómez, explicaron que hay optimismo y confiaron en esclarecer esta tragedia.
 
López Obrador, Encinas y el fiscal especial del caso aparecieron en la conferencia de prensa mañanera con una camiseta que conmemora los cinco años de la desaparición de los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mismas que les fueron proporcionadas por los familiares de los normalistas.
 
“Me dieron esta playera de apoyo y me la puse, estamos con los padres”, dijo el mandatario federal en Palacio Nacional al mostrar la prenda con la leyenda: “Ayotzinapa. 5 años. Yo con la verdad”.
 
También ofrecieron recompensas para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como con los responsables.
 
Una recompensa es de un millón 500 mil pesos y es para quienes proporcionen información fidedigna sobre el paradero de los estudiantes y otra asciende a 10 millones de pesos, para quien proporcione datos del paradero de Alejandro Tenescalco Mejía, considerado uno de los principales perpetradores de esta tragedia.
 
Por otra parte, el presidente López Obrador informó que de diciembre de 2018 a la fecha, el gobierno federal, junto con la FGR, han realizado ocho operativos –en cinco municipios de Guerrero– para dar con el paradero de los estudiantes.
 
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, se comprometió a esclarecer los hechos y hacer justicia en el caso.
 
“Refrendo ante ustedes nuestro compromiso para esclarecer los hechos ocurridos para que los padres y familiares puedan conocer lo que ocurrió y poner a los responsables a disposición de la justicia”, sostuvo.

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