Lozoya busca frenar segunda orden de aprehensión
23 de agosto del 2019

Lozoya busca frenar segunda orden de aprehensión

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Ciudad de México. El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, solicitó a un juez federal la ampliación de la demanda de amparo para que se revise la constitucionalidad de la segunda orden de aprehensión girada en su contra, relacionan con las investigaciones por la presunta entrega de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht al ex funcionario, para que los beneficiara con contratos.
 
En el documento de ampliación que presentó su apoderado legal, es por violaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de los actos reclamados, en este caso la orden de captura, que dejó en el estado de indefensión al ex funcionario, afectando sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal.
 
El juez de la causa resolvió admitir la ampliación de la demanda de amparo -esto es, estudiar si procede o no este recurso- respecto a las copias certificadas que presentó el apoderado legal de Lozoya Austin, las cuales fueron entregadas a las autoridades correspondientes para los efectos legales procedentes.
 
Desde que Lozoya Austin presentó la solicitud de amparo, el 5 de julio, menciona que le han sido violados sus derechos constitucionales plasmados en los artículos 1, 14, 16 y 20.
 
El artículo 1 refiere que en el pais todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
 
El 14 refiere que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
 
En tanto que el artículo 16 señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. El 20 garantiza el derecho al debido proceso de toda persona sujeta a un juicio.

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