Organizaciones de servicios legales y proinmigrantes en Maine aplaudieron este lunes la decisión de la gobernadora Janet T. Mills de respaldar la propuesta de ley, aprobada por la legislatura estatal, que evita que la policía coopere con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que implementa la agresiva campaña de deportaciones del Gobierno del presidente Donald Trump.
Mills también derogó este lunes una orden ejecutiva de 2011 que obligaba a todos los funcionarios estatales a cooperar con las autoridades federales de inmigración.
El Proyecto de Defensa Legal para Inmigrantes (ILAP) y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) manifestaron su satisfacción por la decisión de la demócrata, que entrará en vigor en el 2026, cuando comience la nueva sesión de la legislatura.
El proyecto de no cooperación se aprobó la pasada primavera, pero Mills pospuso su decisión sobre el asunto, lo que le deja la opción de vetar el proyecto o permitir que se convierta en ley sin su firma cuando los legisladores se reúnan de nuevo en enero, que será lo que ocurra.
Mills anunció hoy su decisión en una carta abierta publicada en un medio local.
“He sopesado mis preocupaciones sobre las restricciones confusas que impone a las fuerzas del orden en cuanto a cuándo pueden o no interactuar con las autoridades federales, frente a las acciones extraordinarias y horribles de una agencia federal que ha sido utilizada por el Presidente para socavar los derechos de todos nosotros. Y también estoy de acuerdo con el objetivo del proyecto de ley de garantizar que las fuerzas del orden de Maine apliquen las leyes de Maine, y no las leyes federales de inmigración”, indica la carta.
También indicó que con su decisión Maine “está dejando claro” en lo que creen, de que el Gobierno federal debe reformar un sistema de inmigración fallido “que mantiene a personas respetuosas de la ley en la clandestinidad, que debe centrarse en los delincuentes que realmente representan un peligro para la seguridad pública, y no en los escolares y sus padres, y que nadie nos obligará a abandonar a nuestros vecinos por el color de su piel o el país que alguna vez, si es que lo hicieron, consideraron su hogar”.
El Proyecto de Defensa Legal para Inmigrantes destacó en un comunicado que este proyecto de ley (LD 1971) brindará a las comunidades inmigrantes y a todo el estado “la protección que tanto necesitan contra la amplia agenda de deportaciones masivas de la administración Trump”.
Mientras que la ACLU indicó que los recursos estatales y locales nunca deberían utilizarse para dividir a las comunidades “ni para apoyar prácticas federales que a menudo violan el debido proceso y otros derechos constitucionales”.
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FOH
