Reciéntemente, el Senado ha discutido y aprobado una serie de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de reforzar el marco legal para combatir el lavado de dinero en nuestro país. Si bien compartimos el espíritu de estas reformas: blindar al sistema financiero contra el ingreso de capitales ilícitos es indispensable analizar sus alcances y riesgos, especialmente en un contexto donde ya están habiendo sanciones para instituciones financieras mexicanas por Estados Unidos, y donde la legalidad y la certidumbre jurídica deben ser nuestra prioridad.
La finalidad de estas reformas es ampliar las atribuciones de las autoridades competentes y armonizar el marco normativo con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que por cierto es presidido por una mexicana con una extraordinaria trayectoria, Elisa de Anda Madrazo.
Coincido plenamente en que estas medidas son necesarias. No obstante, en mi experiencia como legisladora 6 años consecutivos, puedo asegurarles que la buena intención no siempre garantiza una buena legislación, porque aún existen riesgos que deben ser atendidos.
El principal es que los senadores hayan retirado toda mención al concepto de “financiamiento al terrorismo” por considerarlo innecesario y redundante. Como lo he explicado en otras columnas, el “lavado de dinero” refiere a la forma en que los recursos ilícitos se introducen al sistema financiero, pero el “financiamiento al terrorismo” implica su salida para ser usados por organizaciones criminales.
Todas las acciones de prevención y cumplimiento relacionadas con la salida de recursos del sistema financiero para promover actividades ilícitas requiere un expertise específico muy diferente al que tradicionalmente se aplica a la prevención tradicional de lavado de dinero. La decisión tomada por el Senado parece contradictoria, cuando justamente, Estados Unidos está implementando medidas más estrictas para atacar el financiamiento a organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico, ahora denominadas como “terroristas”.
Por eso, el no haber agregado esta denominación a la ley podría implicar que las instituciones financieras no incorporen estos riesgos en sus manuales internos de cumplimiento, y por tanto estén aún más expuestas a órdenes del Departamente de Tesoro, como las que ya vimos recientemente.
Por otro lado, sí incluyeron cambios en materia de profesionalización y auditorías, como la implementación de procesos para la selección de personal y programas de capacitación obligatorios anuales para directivos, consejeros, encargados de cumplimiento y empleados que tengan relación directa con clientes o usuarios. También se consideran nuevos sistemas electrónicos para registro y actividades vulnerables, guías, reglamentos y manuales que deberán implementarse a más tardar un año depués de su aprobación; lo que está previsto de suceder en el periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados que termina este próximo 2 de julio.
Celebro que México cuente con una ley mejor apegada a estándares internacionales. Pero también es una realidad que tendremos que aplicar medidas más allá de lo previsto en este marco regulatorio para detectar y prevenir esquemas de financiamiento relacionados con el tráfico de fentanilo y la adquisición de precursores químicos si queremos evitar sanciones por parte de nuestro vecino del norte; máxime con la desginación pública de México como “país adversario” por la Fiscal General de Estados Unidos.
Por ello, desde UNIFIMEX redoblaremos esfuerzos en la profesionalización contínua de nuestros agremiados y continuaremos el diálogo abierto con autoridades regulatorias y legisladores, para proponer criterios más claros, reglas parejas y mecanismos efectivos. Nuestro país necesita instituciones financieras mexicanas fuertes, comprometidas y modernas. Y eso sólo se logra cuando las leyes son claras, los incentivos están bien alineados y las autoridades, los reguladores y el sector financiero trabajamos juntos.
Por: Soraya Pérez
