Una de las obligaciones más elementales que debe cubrir un Gobierno, es el pago de sus servicios personales, es decir, el gasto en nómina, lo cual a su vez produce un deber asociado a proporcionar o facilitar prestaciones a la seguridad social.
Como es sabido, una de las manifestaciones de la seguridad social es el suministro de una pensión o jubilación por el retiro una vez que se hayan cumplido ciertos requisitos para su asignación.
Para el caso de las Entidades Federativas y los Municipios, en su carácter de patrón, retienen cuotas de sus trabajadores, para enterarlas al organismo encargado de computar y satisfacer estas prestaciones, en compañía de las aportaciones que la parte patronal debe erogar.
Con la finalidad de dimensionar la posición financiera de los organismos públicos garantes de estas prestaciones la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, contempla la obligación de producir un estudio actuarial cada 3 años, para los Estados y la Ciudad de México, y cada 4 años para los Municipios.
Dicho estudio debe contener la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas, el monto de las reservas, y el periodo de suficiencia.
En este orden de ideas, según información la Auditoría Superior de la Federación (A.S.F.) al practicar las auditorías a las 32 Entidades Federativas en materia del cumplimiento a las disposiciones y reglas de disciplina financiera, el país experimenta una problemática profunda con un impacto de grandes dimensiones económicas.
Al momento de estas líneas la A.S.F. se encuentra practicando la revisión a esta normatividad respecto 2024, pero el dato más actualizado en este rubro, se puede advertir de la fiscalización a la cuenta pública 2021. En dicho reporte, se excluyó a los Estados de Baja California Sur y Quinta Roo, por haber firmado un convenio de incorporación a al organismo público descentralizado de seguridad social para el Estado y Municipios para el primer caso; y por uno equivalente con el ISSSTE para el segundo. Adicionalmente, el Estado de Guerrero, no presentó su estudio.
La suma de los reportes actuariales revela que, si fuera considerada como un único universo la población afiliada en los gobiernos subnacionales, existe un resultado deficitario acumulado de más de $1,399,518,300,000.00 (un billón trescientos noventa y nueve mil quinientos dieciocho millones, trescientos mil pesos).
La cifra anterior se construyó del resultado de déficit o superávit de la población actual incorporada, por lo cual, contempla para el caso hipotético tanto los sistemas con reservas positivas, como aquellos con saldos negativos.
En contraste, si sólo se considera el valor de los sistemas locales de retiro con déficit, los requerimientos financieros para esta materia son del orden de $2,157,161,800,000.00 (dos billones ciento cincuenta y siete mil ciento sesenta y un millones, ochocientos mil pesos).
Ante este escenario, conviene recordar que 2 billones de pesos representa la cuarta parte del valor del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2025, o más del doble del gasto por concepto de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas en el mismo periodo.
Los ocho Estados que aún cuentan con una reserva a su favor para estos fines es Baja California, Campeche, Colima, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tabasco, y Tlaxcala.
Cabe destacar que Baja California, según su estudio actuarial verificado en 2021, encabezaba los Estados con mayor cobertura financiera en términos reales, al contar con 209 mil millones de pesos, mientras que el Estado de México en el mismo periodo, representaba la entidad con el déficit más importante con 938 mil millones de pesos, seguido de Veracruz con 196 mil millones y Chihuahua con 159 mil millones.
En cuanto al periodo de cobertura en dichos estudios actuariales, Colima cuenta con reservas suficientes hasta 2080; seguido de Michoacán con recursos hasta 2034; San Luís Potosí, el cual para su parte magisterial, cuenta con reservas hasta 2031, y para su parte burocrática 2027; finalmente está Oaxaca, con periodo hasta 2028.
Dramático resulta que el resto de las Entidades Federativas han rebasado su periodo de suficiencia, por lo cual, las obligaciones de pago por este concepto son actualmente fondeados por un subsidio venido desde el gobierno central. En otras palabras, le cuesta al contribuyente, pues ya inyecta la Secretaría de Finanzas respectiva dinero para enfrentar las necesidades y derechos de los asegurados.
La razón de estos inconvenientes encuentra su base en cambios demográficos que no fueron advertidos con oportunidad y el incremento de la esperanza de vida, sumado a que el esquema contributivo carece de las dimensiones adecuadas para producir las reservas necesarias con la velocidad suficiente.
De este modo, casi la totalidad de los gobiernos locales deberán ajustar en el corto plazo su legislación para aumentar las cuotas y aportaciones relacionadas con estas temáticas, así como los requisitos para el otorgamiento de los beneficios. Sin embargo, este fenómeno produciría sus efectos económicos en el mediano y largo plazo, por lo cual no se desplazaría la carga financiera eventual de la Administración Pública para auxiliar financieramente en el subsidio referido.
A su vez, en varios Estados se deberán incorporar desde la normatividad a la población asegurada de los Municipios que le pertenecen, pues varios de ellos padecen complicaciones financieras más dramáticas.
En este sentido, al no ser viable social y políticamente la suspensión de pagos por estos rubros, el Estado deberá implementar de forma inmediata actividades productivas -no necesariamente fiscales o contributivas- que posibiliten canalizar recursos adicionales para sufragar este balance negativo, con miras en convertir estos esquemas en sostenibles.
Las empresas productivas del Estado, son los mecanismos que a mi mente llegan, para enfrentar estos grandes retos de la Hacienda Pública, siempre y cuando vengan acompañadas de: 1) Planes no modificables con el cambio de cada administración; 2) Capital inicial para la operación; y 3) Talentos gerenciales en los titulares de las áreas involucradas.
Cada día que pasa sin implementarse estas acciones de conversión, aumentan el número de las facturas que el Estado dejará de pagar cuando el destino nos alcance.
