Las personas juzgadoras electas, que rendirán protesta ante el Pleno del Senado de la República el próximo 1º de septiembre, tienen por delante un gran reto: afianzar su legitimidad social.
¿Cómo lograrlo? Con juzgados y tribunales de puertas abiertas. Que la transparencia y la rendición de cuentas no sean solo un discurso de campaña, sino una práctica constante de quienes ahora asumirán la toga y el mallete.
¿Implica un reto? Sí, porque las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales son altas y demandan un compromiso permanente para abatir rezagos. Sin embargo, las campañas demostraron que muchas candidaturas se daban el tiempo de revisar sus redes y producir materiales para socializar su quehacer. Ahora no bastará con eso.
Las próximas personas juzgadoras también harían bien procurar un óptimo ambiente de trabajo con los equipos que les esperan. Garantizar el mismo trato digno al personal, como lo hicieron cientos de titulares que ya no se encuentran en la judicatura. Así, las personas electas requerirán habilidades gerenciales, cuyo seguimiento recaerá en el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, a través de la nueva Escuela Nacional de Formación Judicial.
Estas son algunas ideas. Y dado que no existe un manual único para ejercer la función jurisdiccional, la ciudadanía espera titulares abiertos a la crítica y capaces de ejercer la autocrítica.
Sin embargo, todo esto será insuficiente si jueces y juezas electas no actúan con la prudencia e imparcialidad que exige la función jurisdiccional. Para lograrlo, quienes resultaron electos el pasado 1º de junio deben tener claro algo fundamental: se deben a la Constitución, a las normas que de ella derivan y a los derechos humanos de las personas justiciables. No a partidos, no a gobernantes, ni a congresos locales o al federal.
El hecho de haber llegado a su cargo por medio de una elección no les otorga licencia para actuar con sesgo político. Participar en debates partidistas, atacar a integrantes de la oposición o defender abiertamente a quienes son parte de la coalición gobernante contradice los valores que rigen a la judicatura. La labor de las personas juzgadoras es resolver conflictos entre personas, no convertirse en parte de esos conflictos.
Y esto no solo aplica a quienes asumirán un cargo. Si el Poder Judicial en su conjunto quiere recuperar la legitimidad que ha perdido, necesita distanciarse de la política partidista sin renunciar a la política en su sentido más amplio.
No se trata de aislarse ni de volver al silencio institucional, sino de encontrar nuevas formas de comunicarse con una ciudadanía cada vez más politizada, que exige respuestas claras, justas y ajenas a los intereses de las élites partidistas.
La prudencia en la actuación judicial no es resignación. Es un ejercicio de responsabilidad, indispensable para reconstruir la confianza de una sociedad a la que, desde hace mucho tiempo, le hemos quedado a deber. Una sociedad que, día con día, busca construir una mejor justicia. La justicia que queremos.
