Pasó mucho desde el 05 de febrero de 2024: El expresidente López Obrador presentó un paquete de iniciativas constitucionales, entre las que se encontraba la relacionada con la renovación del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales Locales. Morena y partidos aliados lograron la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Se aprobó la Reforma Constitucional en materia de Poder Judicial. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta del país.
Cerca del fin del 2024, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se alcanzó la mayoría calificada para invalidar la reforma constitucional que dispuso la elección de personas juzgadores mediante voto popular. Inició el proceso de selección de candidaturas a la judicatura federal. Llegado 2025, se integraron las listas de quienes serán las candidaturas a la Corte, al Tribunal de Disciplina Judicial y demás órganos del Poder Judicial Federal.
Mientras sucede lo anterior miles de personas son desaparecidas o se ausentan huyendo de la violencia.
Entre el 05 de febrero de 2024 y el 16 de marzo de 2025 se reportaron un total de 35,797 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De esta cifra 15,449 registros corresponden a personas desaparecidas o no localizadas. Por su parte, en ese periodo se localizaron a 20,348 personas: 1,340 fueron halladas sin vida y 19,008 con vida.
Los números usualmente son fríos, pero los zapatos que se quedan atrás y las lágrimas de una madre no lo son. Estas cifras no son una estadística. Nada más alejado de la realidad. Son vidas, familias y sueños que debemos dejar de considerar como un dígito. Son una más de las deudas que tiene pendiente de pagar nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. Ese que no sólo corresponde a las personas juzgadoras sino también a las policías, a las fiscalías y, dado el caso, a las comisiones de búsqueda.
Lo que está pasando en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco no puede ni debe ser una noticia más. Desviar la mirada de los hallazgos del colectivo Guerreros Unidos de Jalisco sólo es mostrar indolencia ante la crisis de personas desaparecidas. Como sociedad necesitamos dejar atrás esa expresión de “¿Quién sabe en qué andaba metido/metida?” para pasar a la indignación por el dolor que atraviesan miles de familias. Después de tantos años normalizamos la violencia y culpamos a las víctimas. Parece ser más fácil esa postura que aceptar nuestras fallas como sociedad.
En México tenemos una deuda pendiente con las víctimas de la violencia. Dado que nosotros tenemos la dicha de seguir aquí, debemos saldarla. Es tiempo de exigir y de trabajar por instituciones que escuchen a las personas que padecen la ausencia de su ser querido. Es turno de darle voz a quienes hoy no pueden alzarla porque, lamentablemente, son un par de zapatos en un rancho en Jalisco.
Datos extraídos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Consultados el 17 de marzo de 2025.
