Los diputados oficialistas aprobaron las reformas secundarias de la Ley de Transparencia, con lo que se formaliza la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y su pase a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Los diputados oficialistas aprobaron la reforma en lo general por 321 votos a favor y 125 en contra, cuyo contenido busca proteger los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.
Estas leyes secundarías homologarán reglas, principios, bases, procedimientos y mecanismos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; además, rediseña las autoridades responsables de garantizar ese ejercicio de información como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Luego de aprobada la iniciativa en el Congreso por los legisladores oficialistas, la reforma será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para que la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.
Oposición acusa ataque a la transparencia y rendición de cuentas
El diputado del PAN, Héctor Jaime Barba, anunció que su partido votaría en contra, ya que la reforma no es solamente un cambio burocrático, sino un ataque frontal a la transparencia y a la rendición de cuentas en México.
«Con la expedición de estas tres leyes y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no se fortalece la transparencia, se sepulta. Con esta decisión autoritaria de Morena y sus partidos rémora se desaparecerá ese contrapeso para que nadie supervise el poder. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Porque, sin transparencia, los escándalos de corrupción quedarían impunes”, enfatizó.
Por su parte, el diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuellar, resaltó que el partido tricolor votará en contra de la reforma, ya que afirmó que el acceso a la información es un derecho, no es una concesión del gobierno en turno.
“La nueva ley legitima la censura a la prensa al dificultar el acceso a documentos oficiales, será pues otro órgano más al servicio del Estado, lleno de corrupción, de adjudicaciones directas, con nóminas para los siervos de la nación y sin personal capacitado y, por supuesto, de por medio la opacidad”, enfatizó.
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