El individuo, que se identifica como gay, gozaba de protección contra la deportación hacia su país, según una disposición de un juez de inmigración estadounidense. Sin embargo, el gobierno estadounidense lo trasladó en autobús a México, una acción que, según el juez de distrito Brian Murphy, posiblemente «no cumplió con los principios de debido proceso».
Posteriormente, México lo devolvió a Guatemala, donde actualmente se encuentra oculto, según los documentos judiciales. En un caso anterior, se presentó evidencia de que el hombre, conocido como O.C.G., enfrentaba un alto riesgo de persecución y tortura si regresaba a Guatemala, pero también tenía temor de regresar a México. Durante su búsqueda de asilo en Estados Unidos, dejó constancia de haber sido víctima de violación y secuestro en México.
«Nadie ha sugerido que O.C.G. represente algún tipo de amenaza para la seguridad», afirmó el juez Murphy. «Este caso presenta la triste realidad de un hombre que fue erróneamente subido a un autobús y enviado a un país donde fue víctima de una agresión violenta».
Se intentó contactar al Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios al respecto.
La resolución de Murphy forma parte de un conjunto de decisiones de los tribunales en contra de las recientes deportaciones llevadas a cabo por la administración de Trump. Entre estas decisiones se encuentran deportaciones a otros países y el caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que vivió en Maryland durante más de 14 años y que fue deportado erróneamente.
La Corte Suprema de Estados Unidos también obligó al gobierno de Trump a facilitar el retorno de Ábrego García desde una prisión en El Salvador, rechazando el argumento de la Casa Blanca de que no podía recuperarlo.
En su fallo del viernes, Murphy mencionó la controversia en torno al término «facilitar» en este contexto, afirmando que permitir el regreso de O.C.G. a Estados Unidos no debería ser complicado. «El Tribunal indica que ‘facilitar’, en este caso, debería implicar menos carga que en otros casos similares», escribió. «O.C.G. no está retenido por ningún gobierno extranjero. Los demandados no han presentado argumentos que sugieran que facilitar su regreso sería costoso o que obstaculizaría los objetivos del gobierno».
