Pese a que en 2022 se hizo la última reforma para tratar de mejorar la búsqueda, identificación y localización de personas desaparecidas, ese flagelo sigue siendo una preocupación en el Senado, donde ya se acumulan cinco iniciativas de legisladores, a las que se suma la iniciativa anunciada este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La última reforma en esa materia fue propuesta el 31 de marzo del 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para crear el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). La norma fue aprobada por el Congreso de la Unión, y luego publicada el 13 de mayo de ese año. Sin embargo, en 2024 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México acusó que el gobierno federal redujo el personal del CNIH y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Por ejemplo, un centro de identificación construido en septiembre del 2022 en Xochitepec, Morelos, funcionó sólo hasta noviembre de 2023 sin lograr la identificación de una sola persona.
Pese a esa última reforma, el flagelo de la desaparición de personas no ha podido ser contenido. Entre el 1 de octubre, fecha en que Sheinbaum asumió la presidencia, y el corte del 10 de enero de 2025, el país ha registrado 4 mil 4 personas desaparecidas.
Además, en nuestro país ha causado conmoción e indignación el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, lo que fue considerado como un centro de exterminio de un cártel del narcotráfico.
En ese marco, desde el comienzo en septiembre pasado de la 66 legislatura del Senado se han presentado cinco iniciativas.
La más reciente fue presentada el 12 de marzo por el senador sin partido, Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien propuso crear grupos de búsqueda especializados y la integración de al menos tres familiares de desaparecidos, incluyendo a la madre de la persona desaparecida, como auxiliares de la comisión en la búsqueda de personas desaparecidas, con beneficios económicos, medidas de protección, atención médica gratuita, seguro de vida y herramientas para desempeñar la labor que ya realizan, a través de la creación de programas de trabajo temporal por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.
También propone la creación de un modelo de la Prevención Nacional de las Desapariciones, y establece la obligación de la Fiscalía General de la República (FGR) de rendir un informe anual al Senado sobre el estado y avances del Banco Nacional de Datos Forenses.
El 19 de febrero, el senador priista Pablo Angulo Briceño propuso que sea obligatoria la protección de la salud a las víctimas de desaparición y sus familias, mientras se realicen las acciones de búsqueda.
A su vez, la también priista Paloma Sánchez propuso el 13 de diciembre 2024 que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la comisión local implementen mecanismos que permitan a familiares y sus representantes coadyuvar con las acciones de investigación.
El 18 de septiembre del 2024, el senador morenista Ricardo Sheffield Padilla y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, plantearon dos iniciativas.
El primero planteó nuevas obligaciones del Estado mexicano para con los familiares y demás personas que realicen acciones con el fin de identificar personas desaparecidas y no localizadas; así como para que se establezca la coadyuvancia en las diferentes etapas de la investigación que corresponda para que puedan aportar información, indicios o evidencias.
Por su parte, Castañeda sugirió constituir una Comisión de la Verdad y de una fiscalía especializada en materia de desaparición forzada.
Finalmente, los senadores de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez y Homero Davis Castro, presentaron un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a declarar como causa nacional la lucha contra los homicidios y desapariciones de mujeres, niñas, niños y adolescentes, en respuesta a la recomendación del Comité de la ONU sobre los derechos del niño.
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AM
