Las nuevas personas juzgadoras empezaron funciones, a nivel federal, el 17 de septiembre. Ello, después de una capacitación que, en palabras de quienes integran el Órgano de Administración Judicial (ÓAJ), será la primera de muchas. Su meta, una introducción al funcionamiento de la judicatura federal, desde la organización del despacho judicial hasta la conducción de audiencias en materia penal.
En estos primeros días del inicio de funciones de los jueces y juezas electas, las redes sociales han dado testimonio de la labor de algunas. Sin embargo, es muy pronto para decir que todo el funcionariado tiene el mismo desempeño.
Uno de los retos de quienes iniciaron funciones es pasar de ganarse la legitimidad democrática de las urnas a tener una legitimidad social por su trabajo. Esto, porque el provenir de una elección popular no significa un cheque en blanco para ejercer la labor de juez o jueza.
La conducción de audiencias, las intervenciones en las sesiones de tribunales colegiados, las sentencias. Toda actuación judicial está ahora bajo escrutinio público no solo porque el discurso en torno a la reforma judicial fue la cercanía de la justicia al pueblo, sino porque es necesario que las personas juzgadoras rindan cuentas más allá de motivar sus sentencias.
El nuevo sistema de impartición de justicia debe ser receptivo a la crítica. Quienes lo integran también deben ser autocríticos. Esto necesariamente nos lleva a que el ÓAJ y el Tribunal de Disciplina tomen nota de los primeros meses de las nuevas personas juzgadoras y, con base en ello, implementen las estrategias que permitan aminorar la curva de aprendizaje de quienes ahora imparten justicia en el país a nivel federal.
Las actividades para desarrollar por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial Federal deben planearse e inscribirse en el marco del llamado que hizo el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, para trabajar en un Plan Nacional de Justicia.
Este llamado, efectuado precisamente al finalizar la primera jornada de especialización de las personas juzgadoras, no debe ser ignorado o tomarse como un hecho aislado, sino como la oportunidad de tener los insumos necesarios para fortalecer al sistema de impartición y procuración de justicia.
La gran deuda de los gobiernos recientes es realizar un estudio que permita tener los datos objetivos que posibiliten diseñar una reforma de Estado que atienda de fondo los problemas de la justicia en el país. El llamado está hecho, dependerá de la sociedad y de la voluntad de la clase política que ahora sí nos tomemos en serio la construcción de la justicia que queremos.
Lo anterior no es un compromiso menor. Debemos entenderlo como la oportunidad de cumplir compromiso ineludible: una sociedad con una justicia más cercana y accesible, centrada en las personas.
