La Diputada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Tabasco, Patricia Lanestosa Vidal, advirtió que la elección judicial en curso presenta «grandes desequilibrios e inequidades» que ponen en riesgo su legitimidad y equidad. El domingo pasado iniciaron las campañas en las que 3,422 candidatos buscan ocupar un total de 881 cargos en el Poder Judicial, en un proceso marcado por incertidumbre y restricciones presupuestarias.
Precisó que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó un presupuesto de 13 mil millones de pesos para la elección federal, pero solo le fue autorizado aproximadamente el 50% de esos recursos. A pesar de esta limitación, el organismo se ha propuesto instalar 84 mil casillas y producir 600 millones de boletas electorales. No obstante, analistas han señalado que este presupuesto insuficiente podría afectar la correcta implementación del proceso electoral.
Una de las principales preocupaciones, señaló la Coordinadora de la Bancada Naranja, es la falta de experiencia judicial de muchos de los candidatos. De los 63 aspirantes a los nueve cargos de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo 28 tienen trayectoria en el ámbito judicial, y algunos de ellos con experiencia mínima. Esta situación ha sido calificada como un riesgo para la independencia y calidad de la impartición de justicia en el país.
Por otro lado, indicó, los topes de campaña varían significativamente según el cargo en disputa, desde los 220 mil 326 pesos para jueces de distrito hasta 1 millón 468 mil 841 pesos para magistrados. La autoridad electoral no tendrá capacidad para fiscalizar el origen y destino de estos recursos, lo que podría generar un terreno desigual entre los aspirantes.
A nivel local, el panorama tampoco es alentador. De los 19 institutos electorales estatales responsables de organizar la renovación de los juzgadores, solo cuatro han recibido el presupuesto solicitado. En Tabasco, por ejemplo, de los 209 millones de pesos requeridos, solo se aprobaron 114 millones, lo que representa apenas un poco más de la mitad. Casos similares se observan en Aguascalientes, Yucatán y Tamaulipas, donde los institutos electorales operan con recursos insuficientes.
La Legisladora Lanestosa Vidal expuso desde la Tribuna de la Cámara de Diputados que esta elección judicial representa un gasto exorbitante en un país con grandes necesidades. Con un costo total estimado entre 12 y 13 mil millones de pesos, el proceso ya supera el gasto de la elección federal de 2024, en la que se renovaron dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. «No hay manera de frenar este enorme dispendio, y más temprano que tarde habremos de enfrentar sus consecuencias», concluyó la representante popular.
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